Oposiciones Jueces y Fiscales 2026: 575 plazas convocadas

Este acuerdo oficial convoca el proceso selectivo para convertirse en juez o fiscal en España durante el año 2026. En total se ofertan 575 plazas: 375 destinadas a la Carrera Judicial (jueces) y 200 a la Carrera Fiscal (abogados fiscales). Se trata de una de las convocatorias más importantes del sector público en el ámbito jurídico.

El sistema de acceso consta de dos fases obligatorias: primero, superar una oposición libre; segundo, aprobar un curso selectivo de formación práctica. Quienes obtengan las mejores calificaciones en la oposición podrán elegir primero entre plaza de juez o fiscal, siguiendo el orden estricto de puntuación obtenida. Esta prioridad de elección es fundamental, ya que el aspirante número 1 elegirá antes que el número 2, y así sucesivamente hasta completar todas las plazas disponibles.

El proceso está regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y los reglamentos específicos de las carreras judicial y fiscal. La Comisión de Selección, creada conforme al artículo 305 de dicha ley, es el órgano responsable de organizar, supervisar y ejecutar todo el proceso selectivo hasta su finalización.

Esta convocatoria está dirigida principalmente a licenciados o graduados en Derecho que aspiren a ejercer como jueces o fiscales en España. Para participar, los candidatos deberán cumplir los requisitos generales de acceso al empleo público y los específicos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Especialmente relevante es la reserva de 29 plazas (5% del total) para personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Estas personas deberán acreditar tanto el grado de discapacidad como la compatibilidad funcional para desempeñar las tareas propias de juez o fiscal. Si alguna persona del cupo de discapacidad obtiene puntuación superior a aspirantes del turno libre, se integrará automáticamente en este último por orden de calificación. Las plazas reservadas que queden vacías se sumarán al turno general.

Indirectamente, esta convocatoria afecta a toda la ciudadanía española, ya que estos 575 nuevos profesionales se incorporarán al sistema de justicia del país, reforzando juzgados y fiscalías. La llegada de nuevos jueces y fiscales puede contribuir a reducir la carga de trabajo en los órganos judiciales y mejorar los tiempos de resolución de procedimientos judiciales en toda España.

El cambio principal es la apertura de un nuevo proceso selectivo con una oferta significativa de plazas: 575 en total, distribuidas en 375 para jueces (65,2% del total) y 200 para fiscales (34,8%). Esta proporción refleja las necesidades actuales del sistema judicial español, con mayor demanda de refuerzo en la judicatura.

La novedad del sistema de elección según puntuación ofrece flexibilidad a los opositores: quienes obtengan mejor calificación podrán decidir libremente entre carrera judicial o fiscal. Esto significa que, en teoría, todas las plazas podrían ir a una sola carrera si los mejores aspirantes así lo prefieren, aunque en la práctica suele producirse una distribución equilibrada según las preferencias individuales. Si finalmente aprueban menos personas que plazas convocadas, se mantendrá la misma proporción 375/200 entre las plazas efectivamente ofertadas.

Otra modificación importante es el tratamiento diferenciado del cupo de discapacidad durante todo el proceso: habrá llamamientos separados para los ejercicios y listas de aprobados independientes. Esto garantiza transparencia y seguimiento específico de este colectivo. Las 29 plazas reservadas representan exactamente el 5,04% del total convocado, cumpliendo estrictamente con la cuota legal de reserva para personas con discapacidad en el empleo público español.

El documento establece que las pruebas selectivas corresponden a la oferta pública de empleo del año 2026, aunque no especifica la fecha exacta de inicio de las pruebas ni el plazo de presentación de solicitudes. Estos detalles fundamentales se desarrollarán en las bases completas de la convocatoria que acompañan a este acuerdo.

El proceso completo se estructura en dos fases temporalmente diferenciadas: primero, la fase de oposición (que incluye varios ejercicios eliminatorios); segundo, el curso selectivo en la Escuela Judicial o Centro de Estudios Jurídicos, cuya duración suele ser aproximadamente de un año académico. Por tanto, quienes superen la oposición en 2026 no se incorporarán efectivamente como jueces o fiscales hasta completar satisfactoriamente su formación práctica, previsiblemente en 2027 o 2028.

Es crucial que los interesados estén atentos a la publicación completa en el Boletín Oficial del Estado, donde se detallarán las fechas exactas de presentación de solicitudes, realización de cada ejercicio, publicación de resultados provisionales y definitivos, y calendario del curso selectivo. Históricamente, estos procesos tienen plazos de solicitud de aproximadamente un mes desde la publicación de la convocatoria completa.

Un aspecto fundamental que pasa desapercibido es que superar la oposición no garantiza automáticamente el nombramiento como juez o fiscal. Los aspirantes aprobados deben completar obligatoriamente un curso selectivo de carácter eliminatorio. Durante este periodo de formación práctica, que puede durar un año completo, los alumnos pueden ser evaluados negativamente y no llegar a incorporarse finalmente a la carrera, a pesar de haber superado la durísima oposición.

Otro detalle relevante es que el documento menciona que se aplicará el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, cuyas disposiciones se extenderán a este proceso selectivo. Esto implica requisitos específicos que no aparecen en este acuerdo inicial, como edad máxima o mínima, nacionalidad, carecer de antecedentes penales, no haber sido separado del servicio de otras administraciones públicas, y otros aspectos que se desarrollarán en las bases completas.

Finalmente, es importante destacar que la Comisión de Selección, como órgano específico creado por ley, tiene autonomía para gestionar el proceso. Está compuesta por miembros tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia, garantizando equilibrio institucional. Esta comisión puede adaptar el número final de plazas si los aprobados son menos que las plazas convocadas, manteniendo siempre la proporción original entre jueces y fiscales, lo que ofrece flexibilidad al sistema ante resultados inesperados.