Hacienda e Inspección de Trabajo refuerzan su lucha contra el fraude

Este documento oficial publica la renovación del convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria (Hacienda) y la Inspección de Trabajo. El acuerdo original se firmó el 15 de julio de 2022 y ahora se modifica y prorroga mediante una adenda firmada el 5 de junio de 2026.

El objetivo principal es que ambos organismos compartan información de forma fluida y coordinada para detectar fraudes tanto fiscales como laborales. Cuando la Inspección de Trabajo detecta irregularidades en una empresa (trabajadores sin dar de alta, jornadas no declaradas, falsos autónomos), comparte esos datos con Hacienda. Y viceversa: cuando Hacienda identifica ingresos no declarados o facturas falsas, alerta a Inspección de Trabajo.

Este tipo de colaboración permite cruzar datos de distintas fuentes: declaraciones fiscales, cotizaciones a la Seguridad Social, inspecciones en centros de trabajo y denuncias ciudadanas. El resultado es una detección más eficaz de empresas y profesionales que operan en la economía sumergida o defraudan de forma sistemática.

Esta renovación del convenio afecta principalmente a empresas y autónomos que puedan estar incumpliendo sus obligaciones fiscales o laborales. En particular, impacta en:

**Empresas con trabajadores:** aquellas que tengan empleados sin dar de alta en la Seguridad Social, contratos temporales encadenados de forma fraudulenta, o que registren jornadas parciales cuando realmente son completas.

**Autónomos y profesionales:** especialmente quienes facturen sin declarar todos sus ingresos, operen como falsos autónomos (cuando deberían estar contratados como asalariados), o no estén dados de alta en el régimen correspondiente.

**Sectores de alto riesgo:** hostelería, construcción, comercio minorista, servicios de limpieza y cuidados, agricultura y plataformas digitales son los ámbitos donde tradicionalmente se concentra más economía sumergida y donde las inspecciones conjuntas suelen ser más frecuentes.

Para ciudadanos y empresas que cumplen correctamente con sus obligaciones, este acuerdo no supone ningún cambio ni carga adicional. El objetivo es perseguir únicamente el fraude y la competencia desleal que generan quienes no cumplen las normas.

La adenda modifica y amplía el convenio original de 2022, aunque el documento publicado no detalla todos los cambios específicos. Sin embargo, este tipo de renovaciones suelen incluir mejoras técnicas concretas:

**Intercambio automático de datos:** se agiliza el cruce de información entre las bases de datos de ambos organismos. Si antes podían pasar semanas o meses hasta compartir ciertos datos, ahora el intercambio puede ser inmediato o en tiempo casi real.

**Nuevos protocolos de actuación conjunta:** cuando se detecta un fraude grave, ambos organismos pueden planificar inspecciones coordinadas el mismo día en la misma empresa, evitando que el investigado tenga tiempo de ocultar pruebas o regularizar su situación entre una visita y otra.

**Ampliación de categorías de información:** se incluyen nuevas tipologías de fraude detectadas en los últimos años, como las relacionadas con plataformas digitales, teletrabajo transfronterizo o nuevas formas de contratación.

La prórroga del convenio garantiza que esta colaboración continúe durante varios años más, permitiendo planificar campañas de inspección a medio plazo y desarrollar herramientas tecnológicas más sofisticadas de detección del fraude.

**5 de junio de 2026:** fecha de firma de la adenda entre la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, y la directora de la Inspección de Trabajo, Cristina Fernández González.

**23 de junio de 2026:** publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que es cuando el documento adquiere carácter público y produce efectos legales.

**Vigencia:** aunque el documento no especifica la duración exacta de la prórroga, este tipo de convenios suelen renovarse por períodos de 3 a 5 años. El convenio original de 2022 estaba próximo a su vencimiento, de ahí la necesidad de esta adenda.

No existen plazos específicos para ciudadanos o empresas, ya que se trata de un acuerdo interno entre administraciones. La colaboración entre ambos organismos es inmediata y continuada, sin períodos de adaptación ni fechas límite para cumplir nuevas obligaciones (porque no impone ninguna nueva obligación a los administrados).

**Protección de datos garantizada:** aunque el convenio permite compartir información sensible entre organismos, existe un marco legal estricto (RGPD europeo y legislación española) que garantiza la confidencialidad y uso exclusivo de esos datos para fines de inspección. Los datos personales no pueden usarse para otros fines ni compartirse con terceros.

**No aumenta las inspecciones generales:** el convenio no significa que todas las empresas vayan a ser inspeccionadas con más frecuencia. Se trata de hacer más eficaces las inspecciones que ya se realizan, dirigiéndolas hacia donde realmente existe riesgo de fraude, mediante análisis de datos previo.

**Beneficia a empresas cumplidoras:** la lucha contra el fraude reduce la competencia desleal. Las empresas que pagan correctamente impuestos y cotizaciones sociales compiten en desventaja frente a quienes defraudan, porque estos últimos tienen menores costes laborales. Una inspección más eficaz iguala las condiciones del mercado.

**Base legal sólida:** este convenio se fundamenta en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que obliga a las administraciones a colaborar entre sí. No es una medida discrecional sino una obligación legal de coordinación para mejorar la eficacia administrativa y proteger el interés general.