Indulto a Natalio Grueso: ¿qué implica el Real Decreto 666/2026?

Este documento concede un indulto individual, una medida excepcional que siempre merece escrutinio público. Aunque el texto menciona 'razones de justicia y equidad', no explica los motivos concretos que llevaron al Gobierno a perdonar parcialmente a un condenado por delitos graves de corrupción (malversación y falsedad documental). Lo que no se dice claramente es que el indulto es condicional: si Natalio Grueso comete cualquier delito doloso en los próximos 8 años, podría revocarse el perdón y reanudarse la ejecución de la pena de prisión. Además, se mantienen penas muy relevantes como la inhabilitación absoluta para contratar con el sector público durante 8 años, lo que limita gravemente su actividad profesional. Para el ciudadano, este tipo de decretos puede generar dudas sobre la transparencia y la igualdad ante la ley, ya que se aplica a una persona concreta sin un procedimiento público detallado.

El Real Decreto 666/2026, firmado por el Rey Felipe VI y el Ministro Félix Bolaños, concede el indulto parcial a don Natalio Grueso Rodríguez. Se le perdonan las penas privativas de libertad que aún tuviera pendientes de cumplir, pero se mantienen intactas todas las demás penas impuestas en la sentencia: la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la inhabilitación absoluta para contratar con administraciones o entidades del sector público por tiempo de 8 años, y la multa de 12 meses a razón de 20 euros/día con su responsabilidad personal subsidiaria. Además, se impone una condición: no cometer ningún delito doloso (intencionado) en el plazo de 8 años desde la publicación del real decreto.

Este real decreto afecta exclusivamente a una persona: don Natalio Grueso Rodríguez, condenado por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Tercera. No tiene impacto sobre el resto de ciudadanos, autónomos o empresas en general. Sin embargo, como precedente, puede interesar a juristas, observadores de la justicia y a la ciudadanía preocupada por el uso de la prerrogativa de gracia en casos de corrupción pública.

El cambio principal es que Natalio Grueso no tendrá que ingresar en prisión por el tiempo que le quedara de las penas de 5 y 3 años impuestas. Pero todo lo demás sigue igual: debe pagar la multa de 12 meses (calculada a 20 euros/día, es decir, hasta 7.200 euros si se cumplen los 12 meses completos), y no podrá contratar con la Administración durante 8 años. Tampoco podrá votar mientras dure la condena. Además, si en los próximos 8 años comete cualquier delito con dolo, el indulto decae y debería cumplir la prisión que se le había perdonado (aunque el decreto no lo dice explícitamente, es la consecuencia legal habitual).

La sentencia condenatoria se dictó el 25 de junio de 2020. El Real Decreto está fechado el 28 de julio de 2026, fecha en que se aprobó por el Consejo de Ministros. La condición de no cometer delito doloso se extiende por 8 años desde la publicación del real decreto (por tanto, hasta aproximadamente julio de 2034). El indulto es efectivo desde su publicación en el BOE (que coincide con la fecha del decreto). No hay otros plazos adicionales en el texto.

El titular del indulto no menciona que se trata de un perdón parcial y condicionado. Tampoco aclara que los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2006 y 2012, es decir, hace más de 14 años. Además, no se explica qué 'circunstancias del condenado' y 'razones de justicia y equidad' han motivado la decisión, lo que deja un margen de opacidad. Otro detalle relevante es que el indulto no anula la sentencia ni los antecedentes penales; el condenado sigue siendo considerado culpable y con penas vigentes (inhabilitación, multa). Finalmente, el decreto no incluye información sobre si el condenado ha reparado el daño o devuelto el dinero malversado, un aspecto habitual en estos casos.