Aplazamiento de préstamos I+D+I para pymes: qué dice la Orden PJC/808/2026

Esta norma se ha marcado como sospechosa porque permite aplazar o fraccionar deudas con la Agencia Tributaria sin aportar garantías, pero solo para un grupo muy concreto de empresas: las pymes de alta intensidad inversora en I+D+I. El problema es que el texto no explica con claridad quién decide qué empresas entran en esa categoría ni con qué criterios. Podría haber requisitos técnicos, informes internos o valoraciones discrecionales que no aparecen en el titular. Además, aunque parece una medida beneficiosa, también implica que la administración podrá examinar la situación financiera de la empresa y pedir documentación justificativa. El lector debe vigilar si su empresa cumple los requisitos para obtener la certificación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y si realmente puede demostrar que sus dificultades son transitorias y que el negocio es viable. Lo que no se dice es que esta 'dispensa de garantía' puede tener condiciones ocultas, como la necesidad de presentar avales en otros tramos o la posibilidad de que el impago posterior endurezca el procedimiento de recaudación.

La Orden PJC/808/2026, de 30 de julio, concreta el procedimiento para que las pymes de alta intensidad inversora en I+D+I puedan pedir el aplazamiento o fraccionamiento del pago de las cuotas de los préstamos concedidos en determinadas convocatorias de los programas estatales de investigación, desarrollo e innovación. La novedad principal es que estas empresas pueden obtener la dispensa de garantía, es decir, no tendrían que presentar avales o hipotecas para conseguir ese aplazamiento.

La norma sustituye y amplía el mecanismo creado por la Orden PCM/519/2020, de 9 de junio, que se limitaba a los subprogramas Investigación Aplicada Colaborativa, INNPACTO y Retos Colaboración. Ahora se extiende a las convocatorias de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2013-2016, 2017-2020 y 2021-2023.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades debe emitir una certificación que identifique qué entidades y deudas pueden acogerse a este beneficio. Esa certificación servirá después a las Delegaciones de Economía y Hacienda para analizar si las dificultades económicas de la empresa son transitorias y si el proyecto es viable a futuro, conforme a los artículos 46.3.c) y 46.5.d) del Reglamento General de Recaudación.

Afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que hayan recibido préstamos reembolsables en el marco de convocatorias de los programas estatales de I+D+I contemplados en los PEICTI 2013-2016, 2017-2020 y 2021-2023.

En particular, está pensada para empresas con alta intensidad inversora en I+D+I, como las del sector biotecnológico, que necesitan grandes inversiones y tardan mucho en obtener retorno. También afecta a las entidades que participaron en los antiguos subprogramas Investigación Aplicada Colaborativa, INNPACTO y Retos Colaboración.

No afecta a los ciudadanos particulares ni a las empresas que no tengan relación con esos programas de ayudas. Para el resto, es una norma administrativa que no cambia sus obligaciones tributarias.

Lo que cambia es que las pymes beneficiarias de préstamos públicos de I+D+I pueden solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de sus cuotas sin tener que aportar garantías. Antes, la Orden PCM/519/2020 ya permitía esto, pero solo para tres subprogramas concretos.

Ahora la nueva orden amplía el alcance a las convocatorias de los PEICTI 2013-2016, 2017-2020 y 2021-2023. Es decir, más empresas y más préstamos pueden acogerse a esta posibilidad.

Además, se mantiene el doble filtro: primero, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades certifica que la empresa y la deuda cumplen los requisitos; después, la Delegación de Economía y Hacienda decide si concede el aplazamiento o fraccionamiento. El documento no da cifras de cuántas empresas se beneficiarán ni de qué importes se trata.

La norma es la Orden PJC/808/2026, de 30 de julio, publicada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El texto del documento disponible no indica una fecha concreta de entrada en vigor, por lo que habría que consultar la publicación íntegra en el BOE para conocer ese dato.

Tampoco se especifican plazos límite para presentar las solicitudes ni periodos máximos de aplazamiento o fraccionamiento. Esos plazos dependerán de cada convocatoria y del análisis individual de cada caso.

Lo que sí se menciona son los periodos de los planes anteriores: el VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 y los PEICTI 2013-2016, 2017-2020 y 2021-2023. Las convocatorias que se beneficien de esta orden son las correspondientes a esos marcos.

El titular habla de 'aplazamiento y fraccionamiento del pago con dispensa de garantía', pero no explica que este beneficio solo se concede si la empresa demuestra que sus dificultades económicas son transitorias y que el negocio es viable. No es un perdón de deuda: es un retraso o una división de los pagos.

Tampoco dice que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitirá una certificación previa. Sin esa certificación, la empresa no puede acogerse a la dispensa de garantía. Y aunque la certificación exista, las Delegaciones de Economía y Hacienda pueden denegar el aplazamiento si consideran que la empresa no es viable.

Otro detalle que suele pasar desapercibido: la norma hace referencia al Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/, pero el texto disponible se corta ahí. Eso significa que la aplicación práctica puede depender de otros reglamentos y de la interpretación de la Agencia Tributaria. El lector debe revisar el BOE completo para conocer todos los requisitos y no fiarse solo del resumen.