RD 723/2026: Más transparencia laboral y algoritmos

Este real decreto se marca como sospechoso porque, bajo la apariencia de una simple transposición de una directiva europea, introduce cambios que afectan a derechos laborales cotidianos. La letra pequeña está en que la norma sustituye íntegramente el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, que hasta ahora regulaba la información al trabajador. Eso significa que muchas empresas tendrán que revisar sus contratos y comunicaciones internas para cumplir con la nueva lista de información por escrito. Además, se incluye como novedad la obligación de informar sobre sistemas algorítmicos o automatizados que tomen decisiones sobre el trabajo, algo que hasta ahora no era obligatorio y que puede pasar desapercibido en el texto. El lector debe vigilar si su empresa le informa por escrito de las condiciones esenciales, si le avisan cuando hay cambios y si le comunican que existen algoritmos que deciden sobre su trabajo. También debe prestar atención a que la norma remite a un desarrollo reglamentario posterior para la indemnización por cancelación de tareas, lo que deja ese derecho en el aire. En resumen, no es solo un trámite: cambia cómo se informa y qué se informa, y puede afectar a la previsibilidad de horarios, tareas y condiciones.

El Real Decreto 723/2026 transpone parcialmente la Directiva (UE) 2019/1152, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. La norma actualiza y amplía la lista de elementos esenciales del contrato de trabajo sobre los que la persona trabajadora debe recibir información por escrito al comenzar la relación laboral. Además, incorpora y desarrolla nuevos aspectos relativos a los derechos de información y a la garantía de previsibilidad de las condiciones de trabajo esenciales que no estaban contemplados en el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, que queda sustituido en su integridad. La transposición se realiza mediante real decreto porque gran parte de las obligaciones ya se encontraban en el ordenamiento vigente, pero se desarrollan los nuevos aspectos. La norma consta de catorce artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales. En relación con el artículo 10.3 de la Directiva, que prevé que si los Estados miembros permiten que el empleador cancele una tarea asignada sin indemnización, se adopten medidas para garantizar una indemnización si no se respeta un plazo de preaviso razonable, se ha decidido no incorporar tratamiento reglamentario a ese aspecto. Esto significa que la norma no regula ese derecho a indemnización, dejándolo para un posible desarrollo posterior.

Esta norma afecta a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena y a las empresas que las emplean, tanto en relaciones laborales nuevas como en las ya vigentes. También afecta a autónomos con trabajadores a su cargo, ya que deberán cumplir con las obligaciones de información por escrito. Se incluyen reglas específicas para la pesca y la gente de mar, según el análisis previo. En la práctica, cualquier empresa que tenga trabajadores tendrá que revisar sus contratos, sus modelos de información y sus canales de comunicación para asegurarse de que cumplen con la nueva normativa. Los ciudadanos que trabajan por cuenta ajena deben saber que tienen derecho a recibir por escrito información sobre las condiciones esenciales de su contrato y que deben ser informados si existen sistemas algorítmicos o automatizados que tomen decisiones que les afecten.

El cambio principal es que se sustituye por completo el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el nuevo Real Decreto 723/2026. La nueva norma amplía la información que debe entregarse por escrito a la persona trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato. Además, introduce como novedad la obligación de informar sobre sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones, es decir, si la empresa utiliza algoritmos que afectan a las condiciones de trabajo, debe comunicarlo. También se regulan los plazos y la forma de comunicar cambios en las condiciones laborales. Para la pesca y la gente de mar se establecen reglas específicas. En cuanto a la indemnización por cancelación de tareas sin preaviso razonable, la norma no incorpora un tratamiento reglamentario, por lo que no se fija un derecho concreto en este texto. El texto no especifica importes ni porcentajes concretos, ni plazos exactos, salvo la remisión a la Directiva. Las cifras que aparecen son el número de artículos (catorce), disposiciones adicionales (dos), transitoria (una), derogatoria (una) y finales (cuatro), y las fechas de la Directiva (20 de junio de 2019) y del Real Decreto 1659/1998 (24 de julio).

El documento no especifica fechas de entrada en vigor ni plazos concretos en el texto proporcionado. La Directiva (UE) 2019/1152 es de 20 de junio de 2019, y el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, queda derogado por esta norma. Para conocer la entrada en vigor habrá que estar a lo que dispongan las disposiciones finales del real decreto, que no se incluyen en los primeros 3000 caracteres. Se recomienda consultar el texto completo en el BOE para saber cuándo empieza a aplicarse y si hay periodos transitorios.

El titular puede quedarse en que se transpone una directiva europea, pero hay varios detalles que pasan desapercibidos. Primero, que se deroga íntegramente el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, lo que obliga a revisar toda la información que las empresas han estado dando a los trabajadores. Segundo, que se introduce la obligación de informar sobre algoritmos y sistemas automatizados, un aspecto novedoso que muchas empresas aún no cumplen. Tercero, que la norma no regula la indemnización por cancelación de tareas sin preaviso razonable, a pesar de que la Directiva lo prevé; esto deja un vacío que puede afectar a trabajadores con tareas canceladas. Cuarto, que se incluyen reglas específicas para pesca y gente de mar, lo que puede implicar obligaciones adicionales para ese sector. Quinto, que la norma consta de catorce artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales, lo que indica que hay más contenido del que parece. Por último, el documento fue marcado como sospechoso por cambios en derechos de trabajadores, lo que sugiere que conviene leer el texto completo y no solo el resumen.