Nuevas bajas por menopausia y violencia de género: claves del RDL 31/2026

Este real decreto-ley se ha tramitado por vía de urgencia, lo que limita el debate parlamentario y la posibilidad de enmiendas. Aunque el texto destaca mejoras en la protección social, también introduce cambios técnicos que pueden afectar derechos existentes sin que se expliquen con claridad. Por ejemplo, se reordenan las situaciones especiales de incapacidad temporal, lo que podría modificar requisitos o cuantías de prestaciones ya reconocidas. Además, se modifica el parámetro de referencia de las pensiones extraordinarias por terrorismo (del triple del IPREM al doble del salario mínimo), lo que puede alterar el importe final de estas pensiones. La ampliación de la prestación por cuidado de menores a ambos progenitores suena positiva, pero no se especifica si se mantiene el mismo porcentaje ni si hay límites de ingresos. El anticipo por alimentos sube a 300 euros mensuales, pero no se detalla si es acumulable o si existen nuevos requisitos. El lector debe vigilar especialmente los artículos que habilitan al Gobierno para desarrollar reglamentariamente estas medidas, ya que ahí pueden introducirse condiciones restrictivas no visibles en el texto principal. La urgencia legislativa y la falta de memoria económica detallada impiden conocer el impacto real en las cuentas públicas y en los beneficiarios.

El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, tiene como objetivo mejorar la acción protectora de la Seguridad Social y otras normas sociales. Para ello, modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) y otras normas laborales. La norma crea dos nuevos supuestos especiales de incapacidad temporal: uno por trastorno menopáusico secundario codificado y otro por lesiones derivadas de la violencia de género. También reordena las situaciones especiales de incapacidad temporal existentes para dar coherencia al sistema. Además, introduce mejoras en otros ámbitos, como la modificación del parámetro de referencia de las pensiones extraordinarias por terrorismo, la ampliación de la prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave para que pueda percibirse por ambas personas cuidadoras, la flexibilización de la pensión de viudedad en parejas de hecho con hijos y el aumento del anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos hasta 300 euros mensuales.

Afecta a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena y autónomas que puedan encontrarse en situaciones de incapacidad temporal, especialmente mujeres con trastorno menopáusico secundario codificado o lesiones por violencia de género. También a las familias con menores a cargo que padezcan cáncer u otra enfermedad grave, ya que podrán solicitar la prestación ambos progenitores o cuidadores. A las parejas de hecho con hijos que soliciten pensión de viudedad, y a los beneficiarios del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos que reciban anticipos. Asimismo, a las empresas y entidades gestoras que tramiten estas prestaciones, y a las administraciones públicas competentes en materia de Seguridad Social.

Se crean dos nuevas bajas laborales: por trastorno menopáusico secundario codificado y por lesiones derivadas de la violencia de género. Estas se suman a las situaciones especiales de incapacidad temporal ya existentes, que se reordenan. En el ámbito de las pensiones extraordinarias por terrorismo, se sustituye el parámetro de referencia: antes se calculaban con el triple del IPREM y ahora con el doble del salario mínimo, según el texto. La prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave se amplía para que puedan cobrarla ambas personas cuidadoras (antes solo una). La pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos se flexibiliza, aunque el texto no detalla los nuevos requisitos. El anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se eleva a 300 euros mensuales (el texto no indica la cuantía anterior). No se especifican otras cuantías, plazos ni número de beneficiarios.

El real decreto-ley no especifica en el texto analizado las fechas de entrada en vigor ni plazos concretos. Al tratarse de una norma de urgencia, suele entrar en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, pero este extremo no se detalla en los primeros 3000 caracteres. Tampoco se indican plazos para solicitar las nuevas prestaciones o para adaptar los procedimientos existentes. Se recomienda consultar el texto completo del BOE para conocer las disposiciones transitorias y la fecha exacta de aplicación.

El titular destaca las nuevas bajas y la subida del anticipo por alimentos, pero no menciona que se modifica el cálculo de las pensiones extraordinarias por terrorismo, lo que podría reducir su importe al pasar del triple del IPREM al doble del salario mínimo. Tampoco se explica cómo afectará la reordenación de las situaciones especiales de incapacidad temporal a los derechos ya reconocidos. La ampliación de la prestación por cuidado de menores a ambos progenitores no aclara si se mantiene el mismo porcentaje de la base reguladora ni si existen límites de ingresos. La flexibilización de la pensión de viudedad en parejas de hecho con hijos no detalla los nuevos requisitos, lo que podría generar inseguridad jurídica. Además, no se especifica el impacto económico de estas medidas ni si supondrán un aumento de cotizaciones o impuestos. La falta de concreción en el texto analizado obliga a leer la norma completa para evitar sorpresas.