Correos y el voto: nuevo dispositivo MiDNI en mesas electorales

Este documento se ha marcado como sospechoso porque, bajo la apariencia de una simple modificación técnica de las obligaciones de Correos, puede esconder cambios relevantes en el proceso electoral y en los derechos de los ciudadanos. En primer lugar, se introduce la obligación de que Correos distribuya y recoja dispositivos de lectura del código QR de la aplicación MiDNI en las mesas electorales. Esto afecta directamente al derecho de identificación de los electores: si los dispositivos no llegan a tiempo, no funcionan correctamente o no se garantiza su seguridad, muchos ciudadanos podrían ver dificultado su voto. Además, la modificación se basa en un acuerdo de la Junta Electoral Central (Acuerdo 94/2026) que exige que el control de verificación de identidad sea 'suficientemente segura', pero no detalla cómo se logra esa seguridad ni qué ocurre si falla. El texto también menciona una actualización de tarifas en el anexo, con importes como 4,2647 € o 7,3728 €, que los ciudadanos no suelen ver pero que repercuten en el coste del servicio postal público. El lector debe vigilar: 1) que los dispositivos estén disponibles en todas las mesas; 2) que su uso sea seguro y no vulneren la privacidad; 3) que la modificación no suponga un coste oculto para los contribuyentes; y 4) que no se restrinja el derecho al voto de quienes no usen MiDNI. La etiqueta de 'cambio normativo laboral importante' puede deberse a que se modifican obligaciones de servicio público que afectan a los trabajadores de Correos, pero el texto no detalla aspectos laborales, lo que genera dudas sobre si se están cambiando condiciones de trabajo sin transparencia.

La Orden PJC/1129/2026 publica un acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2026 que modifica otro acuerdo anterior de 2 de diciembre de 2025. Ese acuerdo inicial establecía las obligaciones de servicio público que debe cumplir el prestador del servicio postal universal (Correos) en las elecciones a la Asamblea de Extremadura que se celebraron el 21 de diciembre de 2025 y en las elecciones que se convoquen durante 2026. La modificación se produce por dos circunstancias nuevas: la entrada en vigor el 2 de abril de 2026 del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, que regula el Documento Nacional de Identidad, y el Acuerdo de la Junta Electoral Central de 26 de marzo de 2026 (Acuerdo 94/2026), que exige que para usar MiDNI como identificación ante la mesa electoral se garantice que el control de verificación de identidad es suficientemente seguro. Por ello, se añade expresamente la obligación de que Correos distribuya y recoja en las mesas electorales un dispositivo de lectura del código QR generado por la aplicación MiDNI. Además, se actualizan las tarifas del anexo, aunque el texto solo menciona algunos importes sin especificar a qué servicios corresponden exactamente.

Afecta, en primer lugar, a los ciudadanos que voten en las elecciones que se convoquen durante 2026 (y a los que votaron en las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 de diciembre de 2025, aunque la modificación es posterior). En particular, a quienes deseen identificarse en la mesa electoral mediante la aplicación MiDNI, ya que necesitarán que la mesa disponga del dispositivo de lectura del código QR. También afecta a Correos, como operador postal universal, que deberá encargarse de la distribución y recogida de esos dispositivos durante la jornada de votación, así como de su logística. Indirectamente, afecta a las Juntas Electorales y a la administración electoral, que deben garantizar la seguridad del sistema. Y, en general, a los contribuyentes, porque se actualizan las tarifas del servicio postal público que se recogen en el anexo (con importes como 4,2647 € o 7,3728 €). El texto no menciona explícitamente a los trabajadores de Correos, pero la modificación de obligaciones de servicio público puede repercutir en sus condiciones laborales, aunque no se detalla.

El cambio principal es que se incluye de manera expresa en las obligaciones de Correos la distribución y recogida de un dispositivo de lectura del código QR generado por la aplicación MiDNI en las mesas electorales. Antes, Correos ya realizaba una distribución y recogida de material de las mesas electorales durante la jornada de votación, pero ahora se añade específicamente ese dispositivo. Esto se debe a que la Junta Electoral Central, en su Acuerdo 94/2026, de 26 de marzo, exige que se garantice que el control de verificación de la identidad de los electores mediante MiDNI es suficientemente seguro, y para ello se necesita ese lector. Además, se actualizan las tarifas del anexo del acuerdo; el texto cita importes como 4,2647 € y 7,3728 €, pero no especifica a qué servicio corresponde cada uno. No se detallan otras modificaciones sustantivas en el texto disponible.

El Acuerdo del Consejo de Ministros que modifica el anterior se aprobó el 27 de octubre de 2026 y la Orden que lo publica es de 28 de octubre de 2026. La modificación afecta a las elecciones a la Asamblea de Extremadura celebradas el 21 de diciembre de 2025 (aunque la modificación es posterior, se refiere a ellas) y a las elecciones que se convoquen durante 2026. La entrada en vigor del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, que regula el DNI, se produjo el 2 de abril de 2026. El Acuerdo de la Junta Electoral Central es de 26 de marzo de 2026 (Acuerdo 94/2026). El texto no especifica la fecha de entrada en vigor de esta modificación, pero al publicarse como orden ministerial se entiende que entra en vigor el día de su publicación en el BOE, aunque no se indica expresamente. Tampoco se detallan plazos concretos para la distribución de los dispositivos.

El titular oficial habla de modificar obligaciones de servicio público al prestador postal universal, lo que suena a un ajuste técnico. Sin embargo, lo que no dice es que esta modificación introduce un nuevo elemento en el proceso electoral: la necesidad de que las mesas electorales cuenten con dispositivos de lectura de MiDNI para que los ciudadanos puedan identificarse digitalmente. Esto puede tener implicaciones prácticas: si los dispositivos fallan o no llegan, los electores que confiaban en MiDNI podrían quedarse sin votar. Tampoco se explica quién fabrica esos dispositivos, cómo se garantiza su seguridad (más allá de la exigencia genérica de la Junta Electoral Central) ni cuánto cuestan realmente, aunque se actualizan tarifas con importes como 4,2647 € y 7,3728 €. Además, el texto no aclara si estos dispositivos se usarán en todas las elecciones de 2026 o solo en algunas, ni si su uso será obligatorio u opcional para los electores. Por último, la etiqueta de 'cambio normativo laboral importante' sugiere que podría haber modificaciones en las condiciones de trabajo de los empleados de Correos, pero el texto no menciona nada al respecto, lo que genera opacidad.