Nuevas reglas para la biomasa y los biocarburantes

Este real decreto puede pasar desapercibido porque su título es muy técnico, pero afecta al diseño de las ayudas públicas a la bioenergía y a qué materias primas forestales podrán recibir apoyo financiero. El texto introduce restricciones para otorgar apoyo financiero directo a la producción de energía a partir de trozas de aserrío, trozas para chapa, madera en rollo de uso industrial, tocones y raíces, y establece el principio de uso en cascada de la biomasa (priorizar usos materiales sobre energéticos). Esto puede influir en los costes de producción de biocarburantes y, a medio plazo, en los precios de la energía o los carburantes, aunque el documento no concreta cifras de impacto en precios. Conviene vigilar qué ayudas se convocan y cómo se aplican estas restricciones, porque pueden limitar el acceso a subvenciones a determinados proyectos y condicionar la rentabilidad de ciertas instalaciones.

El real decreto regula determinados aspectos relativos a los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa utilizados para la producción de energía, y modifica diversos reales decretos en la materia. Lo hace para incorporar al ordenamiento español la Directiva (UE) 2023/2413, que incrementa el objetivo global de la Unión en materia de energías renovables hasta el 42,5 por ciento y adopta medidas relativas a la biomasa forestal. Entre estas medidas, se introduce el principio de uso en cascada de la biomasa, que persigue lograr el uso eficiente de la biomasa dando prioridad, siempre que sea posible, a su utilización como material con respecto a su utilización para fines energéticos. Asimismo, se establecen ciertas restricciones para poder otorgar apoyo financiero directo a la producción de energía a partir de trozas de aserrío, trozas para chapa, madera en rollo de uso industrial, tocones y raíces. El texto también cita el objetivo vinculante de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de, al menos, un 55 por ciento en 2030 con respecto a los niveles de 1990.

Afecta principalmente al sector energético y forestal: a los productores de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, a las instalaciones que generan energía a partir de biomasa y a los propietarios o gestores de recursos forestales que puedan optar a ayudas públicas. También afecta a las administraciones que diseñan y conceden subvenciones en este ámbito. Para el ciudadano medio no supone cambios directos inmediatos, aunque condiciona el diseño de ayudas públicas a la bioenergía y, a medio plazo, podría influir en los precios de la energía o los carburantes, si bien el documento no especifica cifras concretas de impacto.

El documento no especifica la fecha de entrada en vigor ni plazos concretos en el texto proporcionado. Solo se citan fechas de las normas europeas que se transpone: el Reglamento (UE) 2021/1119, de 30 de junio de 2021, y la Directiva (UE) 2023/2413, de 18 de octubre de 2023. Para conocer la entrada en vigor y los plazos aplicables habría que consultar el texto completo del real decreto.