Autorización para destruir documentos antiguos de la Administración

Esta resolución autoriza la eliminación de documentos pertenecientes al Patrimonio Documental español que se encuentran en archivos estatales, provinciales y de organismos públicos. El proceso se basa en evaluaciones previas realizadas por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, que determina qué documentos carecen de valor histórico o administrativo. La eliminación debe seguir procedimientos regulados por el Real Decreto 1164/2002 y el Real Decreto 1401/2007, asegurando que solo se eliminen documentos previamente catalogados como innecesarios para la administración pública.

Afecta principalmente a los archivos públicos (Archivos Históricos Provinciales y departamentales) y a ciudadanos que podrían consultar estos documentos en el futuro. Los organismos públicos que custodian la documentación se ven afectados en su gestión administrativa. Los investigadores y ciudadanos que acceden a archivos históricos podrían tener acceso limitado a ciertos registros administrativos eliminados. No genera obligaciones directas para ciudadanos o empresas privadas.

La resolución se aprueba el 6 de febrero de 2026 por la Subsecretaría del Ministerio de Cultura. No se especifican en el texto proporcionado plazos concretos de ejecución de las eliminaciones ni fechas límite para impugnaciones, aunque la normativa base (Real Decreto 1164/2002) establece procedimientos previos que deben completarse antes de cualquier eliminación efectiva.