Fiscal de Segovia se nombra a sí misma delegada anticorrupción

Este decreto formaliza el nombramiento de la Fiscal Jefe de Segovia como responsable también de la especialidad anticorrupción en esa provincia. El documento confirma que María Inmaculada Martínez García compatibilizará ambos cargos: su puesto como máxima responsable de la Fiscalía Provincial y la delegación específica para investigar delitos contra la Administración Pública.

El procedimiento seguido se ajusta al reglamento: primero se convocó la plaza entre todos los fiscales de la plantilla para que pudieran solicitarla presentando sus méritos. Al no recibir ninguna petición, la propia Fiscal Jefe se propuso a sí misma para cubrir el puesto vacante. El Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública emitió informe favorable el 4 de febrero de 2026, y la Fiscal General del Estado aprobó el nombramiento definitivo.

Este nombramiento tiene un impacto muy limitado y específico. Afecta directamente solo a la organización interna de la Fiscalía Provincial de Segovia y a cómo se distribuyen las funciones entre sus miembros.

Para los ciudadanos de Segovia, las empresas que operan en la provincia o quienes tengan relación con asuntos judiciales allí, el cambio es meramente organizativo. Las investigaciones por corrupción, malversación, prevaricación o cualquier otro delito contra la administración seguirán tramitándose normalmente. La diferencia es que quien las supervise será la misma persona que dirige toda la Fiscalía Provincial, concentrando ambas responsabilidades.

En la práctica, el cambio principal es la acumulación de funciones. La Fiscal Jefe de Segovia suma a sus responsabilidades generales de dirección y coordinación de toda la fiscalía provincial, las tareas específicas de supervisar y dirigir las investigaciones relacionadas con corrupción y delitos cometidos por funcionarios públicos.

Esta situación no es extraordinaria en provincias pequeñas donde la plantilla de fiscales es reducida y la carga de trabajo especializado no justifica una dedicación exclusiva. El procedimiento seguido es completamente reglamentario: se ofreció primero a toda la plantilla la posibilidad de asumir esta especialización, y solo ante la ausencia de candidatos se recurre a que la Fiscal Jefe asuma también esta función. No se crean plazas nuevas ni se modifica la estructura de la fiscalía, simplemente se reparte el trabajo existente entre el personal disponible.

El proceso comenzó el 21 de enero de 2026, cuando la Fiscal Jefe de Segovia remitió su propuesta tras comprobar que ningún fiscal había solicitado el puesto. El informe favorable del Fiscal de Sala se emitió el 4 de febrero de 2026, y el decreto de nombramiento está firmado el 12 de febrero de 2026.

El nombramiento entra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No hay plazos específicos para ciudadanos o empresas, ya que se trata de una reorganización interna sin efectos sobre procedimientos externos ni obligaciones de terceros. La duración del cargo no está limitada expresamente en el decreto, y se mantendrá hasta un eventual relevo o cese que se produciría mediante otro decreto similar.

Este nombramiento refleja una realidad habitual en fiscalías de provincias pequeñas: la dificultad para cubrir plazas de especialistas. La acumulación de cargos en una misma persona no es irregular, sino una solución contemplada en el reglamento cuando no hay candidatos suficientes o el volumen de trabajo especializado es limitado.

El documento menciona que el Reglamento del Ministerio Fiscal exige que para estos puestos se valore "haber recibido formación específica en la materia" y "tener experiencia práctica". Aunque el decreto confirma que la propuesta está "suficientemente motivada" y avala la idoneidad de la candidata, no detalla públicamente qué méritos o experiencia concreta tiene en investigación de corrupción. Esto es habitual en este tipo de nombramientos, donde los expedientes gubernativos incluyen información más detallada que no se publica íntegramente. También resulta significativo que una convocatoria dirigida a todos los fiscales de la plantilla no obtuviera ningún solicitante, lo que puede indicar tanto la limitada especialización disponible como la carga de trabajo que supone asumir esta delegación.