Iberdrola construirá planta solar de 51 MW en Cuenca: claves

Esta resolución contiene una declaración de utilidad pública que permite a Iberdrola expropiar terrenos privados si los propietarios no llegan a acuerdos voluntarios. Los dueños de parcelas afectadas pueden ver limitado el uso de sus tierras sin haber sido informados directamente. Aunque se habla de 'trámite administrativo', en realidad autoriza ocupar suelo rural durante al menos 30 años (vida útil de la instalación) e instalar líneas eléctricas subterráneas que cruzarán propiedades privadas.

Además, el documento menciona que se aplicó un procedimiento acelerado (Real Decreto-ley 6/2022) diseñado para proyectos urgentes por la crisis energética, lo que puede haber reducido los plazos de alegaciones públicas. La resolución indica que 'no se aprecian efectos adversos significativos' sobre el medio ambiente, pero esto se decidió sin evaluación ambiental completa, solo con un informe simplificado. Los vecinos deben saber que pueden existir impactos visuales, afectación a caminos rurales y posible pérdida de valor de propiedades cercanas que no aparecen cuantificados en este documento.

Lo más relevante: si eres propietario de terrenos en la zona de Campillo de Altobuey, especialmente cerca del parque eólico Callejas existente, tu propiedad puede verse afectada y deberías consultar los planos del proyecto (disponibles en el expediente) para verificar si tu parcela está incluida en la servidumbre de paso o zona de ocupación.

Esta resolución otorga a Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha dos autorizaciones fundamentales: primero, la autorización administrativa de construcción para levantar una planta solar fotovoltaica de 51,315 megavatios (MW) de potencia instalada en el municipio de Campillo de Altobuey (Cuenca). Segundo, declara el proyecto de 'utilidad pública', un concepto legal que da derechos especiales a la empresa para acceder y usar terrenos privados necesarios para la instalación.

La instalación fotovoltaica se conectará mediante una línea eléctrica subterránea de media tensión (20 kilovoltios) a un parque eólico que ya existe en la misma zona desde hace años, el PE Callejas de 49,5 MW. La combinación de ambas tecnologías (solar y eólica) en el mismo punto de conexión a la red eléctrica se denomina 'instalación híbrida' y tendrá una potencia máxima total de 55 MW (no 100 MW) porque comparten la infraestructura de evacuación, lo que optimiza el uso de la red eléctrica existente.

El documento establece 87 condiciones técnicas que Iberdrola debe cumplir obligatoriamente durante la construcción y operación: desde medidas ambientales (protección de aves, control de polvo, gestión de residuos) hasta requisitos de seguridad eléctrica y comunicación con autoridades locales. Incumplir estas condiciones puede llevar a sanciones económicas o incluso la revocación de la autorización.

**Propietarios de terrenos en Campillo de Altobuey**: Si posees tierras en la zona del proyecto, especialmente cerca del parque eólico Callejas existente, tus parcelas pueden verse afectadas por ocupación temporal o permanente, servidumbres de paso para líneas eléctricas subterráneas o restricciones de uso. La declaración de utilidad pública significa que Iberdrola puede iniciar procesos de expropiación forzosa si no se alcanza acuerdo económico voluntario.

**Ayuntamiento de Campillo de Altobuey**: El municipio recibirá ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) durante la fase de construcción, y posteriormente por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante toda la vida útil de la instalación (mínimo 30 años). Estos ingresos fiscales pueden ser significativos para un municipio pequeño, aunque el documento no cuantifica las cifras exactas.

**Vecinos y residentes de la zona**: Aunque la resolución indica que no hay impactos ambientales significativos, la construcción implicará movimiento de maquinaria pesada, posible afectación temporal a caminos rurales, impacto visual del vallado perimetral y presencia de paneles solares en aproximadamente 100 hectáreas de suelo. Los propietarios de viviendas cercanas podrían ver afectado el valor de sus propiedades, aunque esto no aparece evaluado.

**Red eléctrica nacional y consumidores**: La instalación aportará energía renovable al sistema eléctrico español, contribuyendo a reducir emisiones de CO2 y dependencia de combustibles fósiles. La producción estimada de 51,3 MW puede abastecer aproximadamente 26.000 hogares españoles con consumo medio.

**En el terreno físico**: Se instalarán paneles solares fotovoltaicos en una superficie aproximada de 100 hectáreas de suelo actualmente rústico o agrícola en Campillo de Altobuey. Los paneles estarán montados sobre estructuras fijas o con seguimiento solar, rodeados de vallado perimetral y cámaras de vigilancia. Se construirán centros de transformación (pequeños edificios técnicos) para elevar la tensión de la electricidad generada.

**En la red eléctrica**: Se instalará una nueva línea eléctrica subterránea de 20 kilovoltios que conectará los paneles solares con la subestación eléctrica existente (ST Callejas 20/132 kV). Esta línea discurrirá bajo tierra atravesando propiedades privadas con servidumbre de paso. La subestación será modificada para aceptar simultáneamente la energía del parque eólico existente (49,5 MW) y la nueva planta solar (51,3 MW), aunque la potencia máxima de vertido a la red será de 55 MW debido a limitaciones técnicas.

**Cifras concretas de potencia**: La planta solar tendrá 51,315 MW de potencia instalada. Sumada al parque eólico de 49,5 MW, la instalación híbrida total alcanzará 100,815 MW de potencia instalada, pero solo podrá inyectar 55 MW simultáneos a la red. Esto significa que cuando ambas fuentes produzcan al máximo (mucho sol y mucho viento), se limitará la evacuación, priorizando según criterios técnicos y económicos.

**Plazos de ejecución**: Según la resolución, Iberdrola tiene 24 meses desde la notificación de esta autorización para iniciar las obras (previsiblemente hasta febrero de 2028) y 48 meses para finalizar la construcción (hasta febrero de 2030). Si no cumple estos plazos, la autorización puede caducar automáticamente.

**Publicación en el BOE**: 13 de mayo de 2026 (fecha de publicación de esta resolución).

**Entrada en vigor**: El documento no especifica fecha de entrada en vigor, por lo que según la normativa general administrativa, la autorización es efectiva desde el día siguiente a su notificación a Iberdrola, que debió producirse antes de la publicación en el BOE.

**Plazo para iniciar obras**: 24 meses desde la notificación de la autorización (aproximadamente hasta mayo de 2028). Si Iberdrola no comienza la construcción antes de esa fecha, la autorización puede quedar sin efecto.

**Plazo para finalizar obras**: 48 meses desde la notificación (aproximadamente hasta mayo de 2030). Este es el tiempo máximo para tener la instalación completa y operativa.

**Plazo para alegaciones**: Ya transcurrido. El periodo de información pública se realizó previamente durante la tramitación de la autorización administrativa previa (concedida en noviembre de 2024). Los ciudadanos afectados ya no pueden presentar nuevas alegaciones contra este proyecto, salvo que presenten recurso contencioso-administrativo ante los tribunales en el plazo de dos meses desde la publicación (hasta mediados de julio de 2026).

**Vigencia de la autorización**: Una vez construida y puesta en marcha, la instalación tendrá una vida útil estimada de 30-35 años, durante los cuales las servidumbres y ocupaciones de terrenos se mantendrán activas.

**La tramitación fue acelerada por un decreto de urgencia**: Este proyecto se benefició del Real Decreto-ley 6/2022, aprobado por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Este decreto permite tramitaciones más rápidas y evaluaciones ambientales simplificadas para proyectos renovables considerados urgentes. El proyecto no pasó por evaluación de impacto ambiental ordinaria (más exhaustiva), sino por un 'Informe de Determinación de Afección Ambiental' (IDAA), un procedimiento más ligero que evalúa si existe impacto significativo pero sin el mismo nivel de detalle.

**Expropiaciones sin cifras públicas**: Aunque la resolución declara el proyecto de 'utilidad pública' (lo que habilita expropiaciones), no especifica cuántas parcelas se verán afectadas, cuántos propietarios diferentes hay, ni las compensaciones económicas previstas. Los propietarios afectados deberán negociar individualmente con Iberdrola o, en su defecto, aceptar la valoración del jurado provincial de expropiación.

**Limitación de potencia no explicada claramente**: El documento menciona que la instalación híbrida tendrá 100,8 MW instalados pero solo 55 MW de potencia de evacuación. Esto significa que en momentos de máxima producción simultánea (mucho sol + mucho viento), la instalación no podrá verter toda la energía generada a la red, desperdiciándose parte de la producción renovable. Esta limitación responde a restricciones de la red eléctrica existente en la zona, pero tiene implicaciones económicas para el proyecto y para la eficiencia energética nacional.

**No hay datos de empleo local**: Aunque proyectos de esta envergadura suelen generar empleo temporal durante la construcción (habitualmente 100-200 puestos durante 12-18 meses), la resolución no especifica compromisos de contratación local ni cifras estimadas de empleo permanente durante la operación (normalmente 3-5 personas para mantenimiento).

**Impacto visual y patrimonial no evaluado**: La resolución no incluye estudio sobre cómo afectará la instalación al valor de las propiedades circundantes ni al paisaje rural tradicional de la zona. Estudios internacionales sugieren que instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño pueden reducir entre un 5-15% el valor de viviendas en un radio de 1-2 kilómetros, aunque depende de múltiples factores locales.