Nombramientos libre designación Función Pública 2026

Esta resolución hace oficial el nombramiento de dos funcionarios para ocupar puestos de responsabilidad en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Se trata de cubrir vacantes mediante el sistema de libre designación, un procedimiento por el cual la Administración elige directamente entre funcionarios que cumplen determinados requisitos.

Los dos puestos cubiertos son: Coordinador/Coordinadora de Área (nivel 29) en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Función Pública, y Jefe Adjunto/Jefa Adjunta de Secretaría (también nivel 29) en la Secretaría de Estado. Ambos están ubicados en Madrid y requieren funcionarios del grupo A1, el más alto de la función pública española.

La resolución finaliza el proceso iniciado el 2 de marzo de 2026 y confirma que los candidatos seleccionados cumplen todos los requisitos exigidos en la convocatoria original.

Esta resolución afecta directamente a dos funcionarios públicos concretos: María Eugenia Gil Díaz, perteneciente a la Escala Técnica Superior Especializada de Organismos Públicos de Investigación, quien ocupará el puesto de Coordinadora de Área; y otro funcionario cuyo nombre aparece parcialmente en el documento para el puesto de Jefe/Jefa Adjunta de Secretaría.

Indirectamente, impacta al resto de funcionarios que pudieron presentarse a esta convocatoria y no fueron seleccionados. También afecta a la organización interna del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que reorganiza así sus equipos directivos.

Para el ciudadano común, autónomos y empresas, no hay consecuencias directas, aunque estos nombramientos pueden influir en la gestión futura de políticas públicas relacionadas con la transformación digital y la función pública.

El cambio fundamental es que dos puestos de nivel 29 (nivel alto en la jerarquía funcionarial, donde los niveles van del 1 al 30) pasan a estar ocupados por los funcionarios designados. Estos profesionales dejarán sus puestos actuales para incorporarse a las nuevas responsabilidades en el Ministerio.

La funcionaria María Eugenia Gil Díaz, que ya trabajaba en el propio Ministerio de Transformación Digital (en el mismo gabinete pero en distinto puesto), asume ahora labores de coordinación de área. Se trata de un movimiento interno que refleja una promoción o cambio de funciones dentro del mismo departamento.

En términos prácticos, los nombrados deberán tomar posesión de sus nuevos destinos siguiendo los plazos establecidos en el Real Decreto 364/1995: generalmente tres días hábiles si no implica cambio de residencia, o un mes si requiere traslado. Dado que ambos puestos están en Madrid, los plazos dependerán de la situación personal de cada funcionario.

La resolución está firmada el 24 de abril de 2026 y su publicación en el BOE marca el inicio de los plazos para que los funcionarios nombrados tomen posesión de sus nuevos puestos. Aunque el documento no especifica la fecha exacta de incorporación, el reglamento establece que debe producirse en un plazo máximo de tres días hábiles si no hay cambio de residencia, o un mes si lo hay.

Para quien desee recurrir esta decisión, hay dos vías: recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de dos meses desde la notificación, o recurso de reposición ante la Subsecretaría en el plazo de un mes. Esta segunda opción es potestativa y debe presentarse antes del recurso judicial.

El proceso comenzó el 2 de marzo de 2026 con la convocatoria inicial (publicada en el BOE el 9 de marzo), por lo que desde la apertura hasta la resolución han transcurrido aproximadamente siete semanas, un plazo razonable para este tipo de procedimientos administrativos.

Un aspecto importante es que la libre designación es uno de los sistemas más discrecionales de provisión de puestos en la función pública española. A diferencia del concurso, donde prima la antigüedad y los méritos objetivos, aquí la Administración puede elegir directamente entre los candidatos que cumplan requisitos mínimos. Esto genera debate sobre la transparencia, aunque es legal y se usa habitualmente para puestos de confianza.

Otro detalle relevante: ambos puestos son de nivel 29, muy cercano al máximo (30), lo que indica posiciones de alta responsabilidad con complementos salariales significativos. Aunque el documento no especifica salarios, los niveles 29 en la Administración General del Estado suelen tener complementos de destino superiores a 1.500 euros mensuales, además del sueldo base.

Finalmente, llama la atención que uno de los nombramientos se produce dentro del mismo gabinete (María Eugenia Gil Díaz ya trabajaba allí). Esto sugiere una reorganización interna o un reconocimiento a la labor ya desarrollada, más que una incorporación externa. El documento usa las normas de la Ley 30/1984 y el Real Decreto 364/1995, normativa clásica de función pública que sigue vigente para estos procedimientos.