La Comunidad de Madrid consigue poder legal para ejercer la acción popular, es decir, denunciar delitos ante los tribunales en representación de los ciudadanos. Puede actuar como acusación sin que tú se lo pidas.

La administración madrileña podrá personarse como acusación en procesos penales que afecten a competencias autonómicas. No se especifica en qué casos concretos ni con qué límites, lo que abre la puerta a un uso discrecional de esta nueva herramienta.

Un decreto-ley modifica la cantidad que tienes que poner de tu bolsillo cuando compras medicamentos con receta. Es un cambio directo en el copago farmacéutico que afecta a millones de personas.

Tu aportación en farmacia puede subir o bajar dependiendo de tu situación, pero el decreto no especifica las cifras concretas. Afecta a pensionistas, trabajadores y personas con tratamientos crónicos cada vez que van a la farmacia.

La Generalitat usa un decreto-ley de urgencia para modificar de golpe varias leyes sobre impuestos, licencias de obras, vivienda y contratación pública. Evita así el debate parlamentario normal.

Pueden cambiar impuestos locales, el tiempo y requisitos para conseguir licencias de obras, y normas sobre vivienda. Al ser decreto-ley, entra en vigor inmediatamente sin pasar por el procedimiento legislativo habitual.