Subvención a Canarias por agua desalada: sin licitación

Lo primero que llama la atención es que esta subvención se otorga por 'concesión directa', es decir, sin que otras empresas o entidades puedan competir por gestionar ese dinero público. Esto no es ilegal —la ley de subvenciones permite estas ayudas directas cuando hay razones de interés público, social o económico especiales, y el suministro de agua en un territorio insular como Canarias puede justificarlo—, pero sí reduce la transparencia sobre cómo se reparte y ejecuta el dinero. Al no haber concurso público, los ciudadanos no pueden comparar ofertas ni comprobar si el precio pagado por mantener las potabilizadoras es el más eficiente del mercado. Además, el texto disponible no especifica la cantidad concreta de la subvención de este año, ni qué empresas concretas gestionan las plantas beneficiadas, ni los indicadores de control para verificar que el dinero se usa realmente para abaratar el agua al ciudadano y no simplemente para cubrir costes operativos de empresas concesionarias. Lo que debería vigilar el lector: quién es el beneficiario final de los fondos (¿la Comunidad Autónoma los redistribuye a empresas privadas de desalación?), si existe rendición de cuentas pública sobre el uso del dinero, y si el precio del agua para el consumidor final en Canarias realmente baja en proporción a la ayuda recibida. También conviene preguntarse por qué, después de más de 40 años subvencionando esta actividad (desde 1983), no se ha logrado un modelo de financiación más estable o transparente que no dependa de decretos anuales de concesión directa.

El Real Decreto 591/2026 formaliza la concesión de una subvención directa del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar el funcionamiento de las plantas potabilizadoras (desalinizadoras) situadas en el archipiélago. Estas instalaciones convierten agua de mar en agua potable mediante un proceso llamado desalación, una tecnología imprescindible en Canarias porque las islas tienen escasez natural de agua dulce debido a su bajo nivel de lluvias.

Esta no es una ayuda nueva: el Estado lleva subvencionando esta actividad desde 1983, primero a través del Ministerio de Industria y Energía, después desde 1997 a través del Ministerio de Medio Ambiente, y desde 2013 la competencia recayó en el ministerio responsable de la gestión hídrica (hoy, Transición Ecológica). El objetivo declarado es reducir el coste final del agua potable para que se acerque al precio medio que se paga en la Península, ya que producir agua desalada es mucho más caro que obtenerla de ríos, embalses o acuíferos.

Afecta directamente a la población de Canarias (más de 2,2 millones de habitantes), que depende en gran medida de la desalación para tener acceso a agua potable. También afecta a las administraciones públicas canarias que gestionan el ciclo del agua, así como a las empresas y consorcios que operan las plantas potabilizadoras del archipiélago. Indirectamente afecta a los sectores económicos que más consumen agua en las islas, como el turismo, la agricultura y la construcción. Para el resto de contribuyentes españoles, el impacto es indirecto: la subvención se financia con fondos estatales (Presupuestos Generales del Estado), por lo que en última instancia todos los españoles contribuyen a sufragar el coste del agua desalada en Canarias.

El documento consolida, un año más, el mecanismo de financiación estatal para el funcionamiento (no la construcción) de las plantas desaladoras canarias. En la práctica, esto significa que el Estado transfiere una partida de dinero a la Comunidad Autónoma de Canarias para cubrir parte de los costes operativos de estas instalaciones —electricidad, mantenimiento, personal técnico—, que son elevados porque la desalación es un proceso energéticamente intensivo. El fragmento del texto disponible no incluye la cifra exacta concedida este año ni el desglose por islas o por planta, información que normalmente aparece en los anexos del real decreto y que sería clave para valorar la magnitud real de la ayuda.

El real decreto está fechado el 15 de julio de 2026 y entra en vigor conforme a lo establecido en su articulado, habitualmente al día siguiente de su publicación en el BOE. Se trata de una subvención de carácter anual, por lo que previsiblemente deberá renovarse o reformularse en ejercicios sucesivos mediante nuevos reales decretos, como ha venido ocurriendo desde 1983. No se especifican en el fragmento disponible plazos de ejecución del gasto ni fechas límite de justificación por parte de la Comunidad Autónoma.

El titular habla de 'concesión directa de una subvención' pero no menciona que esta fórmula excluye la concurrencia competitiva, es decir, que no hay concurso entre posibles gestores o proveedores de este servicio. Tampoco se explicita en el resumen disponible el importe económico total de la ayuda, un dato esencial para que los ciudadanos puedan valorar el alcance real de la medida. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es que estas subvenciones cubren el funcionamiento de las plantas, no su construcción o modernización, lo que plantea la pregunta de si existen fondos separados (estatales o europeos) para renovar infraestructuras obsoletas y mejorar la eficiencia energética del proceso de desalación, reduciendo así la dependencia de subvenciones recurrentes año tras año.