Convenio de asistencia jurídica para RTVE en liquidación

Este convenio gestiona la asistencia jurídica de RTVE mientras está en liquidación, es decir, mientras se cierra el ente público audiovisual. Aunque parece un trámite interno, afecta a cómo se defienden los intereses públicos y audiovisuales que aún dependen de esa entidad. Lo que puede quedar oculto es que se facilita el proceso de liquidación con recursos de la Abogacía del Estado, y conviene vigilar que se proteja el patrimonio público audiovisual, que no se dilaten plazos ni se renueve el convenio más allá de lo previsto (dos años, prorrogables dos más) sin un control claro.

El convenio regula que la Abogacía General del Estado preste asistencia jurídica al Ente Público Radiotelevisión Española en liquidación. Se publica en el BOE para darle transparencia y cumplir con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sustituye al convenio anterior de 12 de septiembre de 2024 y tendrá una vigencia de dos años, ampliable por dos años más, según se indica en el análisis del documento.

Afecta principalmente a la propia RTVE en liquidación y a la Administración General del Estado, que asume la asistencia letrada. De forma indirecta, interesa a los ciudadanos porque se trata de dinero público y del cierre de una entidad audiovisual pública; pero no impone obligaciones directas a las personas ni a las empresas.

El convenio se firmó el 7 de julio de 2026 y la resolución que lo publica es del 22 de julio de 2026. Su duración es de dos años desde la firma, prorrogable por otros dos, y sustituye al convenio anterior del 12 de septiembre de 2024. Se cita también el Real Decreto 578/2024, de 18 de junio, y la Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre, como bases del nombramiento y la delegación de quien firma por la Abogacía del Estado.