Mercado de capacidad eléctrica: pagar por respaldo

El documento ha sido marcado por nuestro sistema de vigilancia por dos motivos: puede encarecer la electricidad a los ciudadanos y presenta opacidad tarifaria. ¿Qué significa esto en la práctica? Que se crea un mecanismo para pagar a ciertas centrales por estar disponibles y evitar apagones, pero el texto no dice cuánto costará ni cómo se repartirá ese coste. No hay ningún importe en euros, ni porcentaje, ni fórmula de cálculo en el texto analizado. Eso quiere decir que el coste real podría acabar en tu factura de la luz sin que se detalle en esta norma. Además, la norma afecta a derechos económicos difusos: como consumidor, tienes derecho a un precio de la electricidad transparente y a que los costes del sistema estén justificados, pero este documento no te da herramientas para saber cuánto pagarás de más. Debes vigilar: (1) si tu comercializadora traslada un nuevo cargo en la factura; (2) si el Gobierno publica después una orden de precios o un real decreto que concrete los importes; (3) si el mecanismo se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (es decir, con impuestos) o con cargo a los peajes eléctricos (es decir, con tu factura). El texto no lo aclara.

La Orden TED/966/2026 crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español. Un mercado de capacidad es un sistema por el cual se paga a determinadas instalaciones de generación por estar disponibles para producir electricidad cuando haga falta, aunque no produzcan en ese momento. El objetivo declarado es garantizar la seguridad de suministro ante la creciente integración de renovables, que son variables (dependen del sol y del viento). La norma se apoya en el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad. Según el texto, Red Eléctrica de España publicó en noviembre de 2023 un análisis nacional de cobertura (NRAA) que mostraba necesidades de respaldo: 6,26 horas de energía no suministrada (LOLE) en 2025, 4,76 horas en 2027 y 2,34 horas en 2030. Estos valores superan el estándar de fiabilidad de 1,5 horas fijado en la Resolución de 7 de julio de 2025.

Afecta principalmente a los ciudadanos y a las empresas que consumen electricidad, porque el coste del mecanismo podría repercutirse en la factura eléctrica o en los presupuestos públicos. También afecta a las empresas propietarias de centrales de generación (ciclos combinados, hidroeléctricas, nucleares, etc.) que podrán participar en el mercado de capacidad y recibir pagos por disponibilidad. Afecta igualmente a las comercializadoras de electricidad, que tendrán que gestionar los nuevos cargos, y a Red Eléctrica de España como operador del sistema. El texto no especifica qué sectores industriales concretos se verán más afectados ni si habrá exenciones para consumidores vulnerables.

Lo que cambia es que se introduce un mecanismo de retribución por capacidad en el sistema eléctrico peninsular. Hasta ahora, no existía este mercado en España (aunque sí en otros países europeos). Los generadores podrán recibir un pago por estar disponibles. El texto no concreta el diseño exacto (subastas, pagos directos, etc.), ni los importes. Cita cifras de cobertura: 6,26 horas LOLE en 2025, 4,76 en 2027 y 2,34 en 2030, todas por encima del estándar de 1,5 horas. También menciona que en 2024 las renovables alcanzaron el 56,8 % de la producción eléctrica y que la fotovoltaica creció más del 360 % en seis años, pasando de 9 GW en 2019 a más de 41 GW en 2025, y la eólica supera los 33 GW instalados. El cambio práctico es que se pagará por tener respaldo, pero no se dice cuánto.

La Orden TED/966/2026 es de 15 de septiembre. El documento no especifica en el texto analizado la fecha de entrada en vigor ni plazos concretos para la implementación del mercado de capacidad. Tampoco indica cuándo se publicarán los precios o los importes. Para conocer estos detalles habrá que estar atento a futuras resoluciones o a la propia orden completa, que no se ha facilitado íntegramente en este análisis.

El titular oficial dice que se crea un mercado de capacidad, pero no menciona que este tipo de mecanismos suele implicar un coste para el consumidor. El texto no cuantifica el coste, no dice si se financiará con peajes eléctricos o con impuestos, y no aclara si los consumidores vulnerables quedarán exentos. Tampoco detalla cómo se evitarán sobrecostes ni qué mecanismos de control existirán. Además, aunque cita el Reglamento (UE) 2019/943, no explica que este reglamento exige que los mecanismos de capacidad sean temporales y no distorsionen la competencia. La norma se justifica con datos de cobertura, pero no analiza el impacto en la factura final. En resumen: se crea el mecanismo, pero se deja para más adelante la letra pequeña del coste.