Real Decreto 809/2026: partidos y subvenciones electorales

Este documento no cambia lo que tú pagas de impuestos ni tu voto, pero sí toca el dinero público que reciben los partidos. La norma introduce un requisito nuevo: una declaración firmada por el representante general del partido diciendo que su formación no está en los supuestos del artículo 127, apartados 3 y 4, de la LOREG. Ese artículo se refiere a partidos que incurran en conductas de ilegalización o que incluyan en sus listas u órganos a personas condenadas, aunque la sentencia no sea firme, por rebelión, terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado, salvo que hayan rechazado públicamente esos fines y medios. El sistema ha marcado este documento como sospechoso porque modifica las pautas de financiación de los partidos: se añade un trámite que puede bloquear el anticipo del 30 por ciento de la subvención si no se presenta la declaración. Lo que deberías vigilar: si esa declaración se convierte en un simple papel que nadie comprueba, o si realmente sirve para impedir que partidos con condenados en sus listas cobren dinero público. También conviene vigilar si la norma se aplica por igual a todos los partidos y si la Administración exige la declaración antes de pagar cualquier anticipo o liquidación.

El Real Decreto 809/2026 modifica el Real Decreto 1907/1995, que regulaba la tramitación de las subvenciones estatales anuales y por gastos electorales a las formaciones políticas. La novedad principal es que los representantes generales de los partidos deberán presentar una declaración en la que afirmen que su formación no incurre en los supuestos recogidos en los apartados 3 y 4 del artículo 127 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Esos apartados se refieren a partidos que incurran en conductas de ilegalización o que incluyan en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o listas electorales a personas condenadas, aunque la sentencia no sea firme, por rebelión, terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado, salvo que hayan rechazado públicamente esos fines y medios. La norma responde a un Acuerdo de la Junta Electoral Central de 12 de mayo de 2024, que ya exigía esa declaración para tramitar el anticipo del 30 por ciento de la subvención. Ahora se extiende esa exigencia a todos los casos, incluso cuando no se solicite el anticipo, para garantizar el cumplimiento del requisito. La habilitación reglamentaria está en la disposición adicional segunda de la LOREG.

Afecta directamente a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que solicitan subvenciones estatales anuales o por gastos electorales. En la práctica, son las formaciones políticas que concurren a elecciones generales, municipales y al Parlamento Europeo, y también aquellas que reciben subvenciones anuales. El ciudadano de a pie no verá un cambio directo en su día a día, pero sí puede verse afectado indirectamente porque el dinero público que se paga a los partidos se somete a un control adicional. Los autónomos y empresas no tienen obligaciones nuevas derivadas de esta norma.

Antes, solo se exigía la declaración para tramitar el anticipo del 30 por ciento de la subvención, según el Acuerdo de la Junta Electoral Central de 12 de mayo de 2024. Ahora, el Real Decreto 809/2026 exige esa misma declaración con carácter general: los representantes generales de las formaciones políticas deberán presentarla para cualquier anticipo o liquidación previstos en los artículos 127 bis, 133 y 134.5 de la LOREG. Si no se presenta, la Administración podrá requerirla antes de tramitar el pago. El texto no especifica sanciones concretas por no presentar la declaración, pero al ser un requisito para tramitar el anticipo o la liquidación, su ausencia puede paralizar el cobro. El documento cita literalmente el anticipo del 30 por ciento de la subvención, sin otros importes.

La norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El documento no indica plazos adicionales para presentar la declaración, más allá de que deberá acompañar a la solicitud de adelanto o ser requerida por la Administración antes de tramitar cualquier adelanto o liquidación. Tampoco fija un calendario de aplicación progresiva: se aplicará desde su entrada en vigor.

El texto no concreta qué ocurre si un partido presenta la declaración pero después se comprueba que sí incurre en los supuestos del artículo 127, apartados 3 y 4, de la LOREG. Tampoco detalla si la declaración se verifica de oficio o si basta con la firma del representante general. Además, la norma se limita a modificar el Real Decreto 1907/1995 y no incluye un régimen sancionador específico. Otro detalle que pasa desapercibido: la declaración se exige también para las subvenciones anuales, no solo para las electorales, aunque el texto se centre en los gastos electorales. Por último, no se especifica el modelo exacto de declaración ni si debe presentarse por vía electrónica.