Nueva directriz sobre accidentes con sustancias peligrosas

Esta norma se presenta como una actualización técnica de planificación, pero puede ocultar cambios en cómo se preparan y responden las administraciones ante accidentes graves con sustancias peligrosas. Afecta a la seguridad de quienes viven o trabajan cerca de instalaciones químicas reguladas por el Real Decreto 840/2015. El documento no detalla nuevas obligaciones concretas para el ciudadano ni cifras de afectados, lo que dificulta saber si tu municipio cambia de categoría, si se modifican planes de emergencia locales o si hay menos exigencia en simulacros e información pública. Conviene vigilar si la nueva directriz rebaja obligaciones de información a la población o de participación ciudadana respecto a la norma anterior (Real Decreto 1196/2003), que deja de producir efectos.

La Orden INT/1070/2026 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026 que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Según el texto, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil establece en su artículo 15.3 que son planes especiales los que tienen por finalidad hacer frente, entre otros, a los riesgos derivados de accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas. La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, determina en su artículo 3 que las Directrices Básicas de Planificación son los instrumentos para garantizar la homogeneidad y coherencia de la planificación de los riesgos en los que concurran planes de varias Administraciones Públicas, y su artículo 4.1 establece que identifican las actuaciones básicas para la gestión integral de los riesgos y el contenido mínimo y criterios de elaboración de los planes especiales. El análisis previo indica que sustituye al Real Decreto 1196/2003 y que no supone incremento del gasto público.

Afecta principalmente a las administraciones públicas competentes en protección civil, que deberán elaborar y homogeneizar los planes especiales ante riesgo químico. También incide en la seguridad de las personas que viven o trabajan cerca de instalaciones o procesos regulados por el Real Decreto 840/2015, aunque el texto no detalla nuevas obligaciones concretas para el ciudadano ni cifras de afectados. El sector industrial químico y las empresas con sustancias peligrosas son los ámbitos directamente concernidos por la planificación.

El Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo el 6 de octubre de 2026 y la Orden se firmó el 7 de octubre de 2026. El acuerdo dispone que producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BOE. El texto no especifica otros plazos. El análisis previo señala que el Real Decreto 1196/2003 dejará de producir efectos desde que sea aplicable este acuerdo.