Subvenciones a ayuntamientos para eliminar chabolas de temporeros

Esta orden es una norma con rango formal de orden ministerial que establece las bases reguladoras de subvenciones, pero deja para futuras convocatorias los aspectos económicos concretos: cuánto dinero se repartirá, cuántas plazas de alojamiento se financiarán, qué plazos de solicitud habrá y qué criterios exactos de puntuación se aplicarán. Esto puede ocultar que, aunque la norma parece responder a un problema grave (asentamientos irregulares de temporeros, denunciado por el Defensor del Pueblo desde 2001, el Defensor del Pueblo Andaluz en 2021 y la ONU), su eficacia real dependerá de la dotación presupuestaria que se decida después. Los derechos afectados son el derecho a una vivienda digna y adecuada, la inclusión social de colectivos vulnerables y la igualdad; también puede afectar a la gestión municipal de suelo y servicios. Se debe vigilar que la convocatoria concreta no quede desierta por falta de crédito, que los criterios de reparto no discriminen a los municipios más pequeños y que los programas de realojo no se limiten a soluciones temporales sin acompañamiento social.

La Orden DCA/1079/2026 establece las bases reguladoras de una línea de subvenciones de carácter excepcional y limitada al ejercicio 2026, destinada a financiar actuaciones de las entidades locales dirigidas a la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras. Estas actuaciones se articulan mediante programas de realojo, mejora de las condiciones habitacionales e inclusión social. La finalidad es reforzar la implementación de la Agenda 2030 y de la Estrategia de Desarrollo Sostenible en el ámbito local, contribuyendo al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), y de forma transversal los ODS 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 10. Asimismo, la norma responde a la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada y favorecer la inclusión social de colectivos especialmente vulnerables. El texto no especifica importes, plazos ni número de beneficiarios.

Afecta principalmente a las entidades locales (ayuntamientos y otras administraciones locales) que tengan en su territorio asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras, ya que serán las beneficiarias de las subvenciones y las responsables de ejecutar los programas de realojo, mejora habitacional e inclusión social. Indirectamente, afecta a las personas trabajadoras temporeras que viven en esos asentamientos, al mejorar sus condiciones de vida, y al conjunto de la ciudadanía de los municipios implicados. También puede afectar a empresas y sectores agrícolas que emplean a temporeros, en la medida en que la erradicación de asentamientos irregulares puede incidir en la disponibilidad de alojamiento para la mano de obra temporal.

La orden se limita al ejercicio 2026, por lo que las subvenciones solo podrán concederse para actuaciones desarrolladas en ese año. La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 fue aprobada por el Consejo de Ministros el 8 de junio de 2021. El texto no especifica la fecha de entrada en vigor ni plazos concretos de solicitud o ejecución.