Contadores inteligentes de gas: plan y obligaciones

Este documento ha sido marcado como sospechoso porque, bajo la apariencia de una mejora técnica (contadores inteligentes), puede esconder obligaciones y costes que no se detallan claramente. El texto no especifica quién pagará la sustitución de los contadores ni si el usuario asumirá algún cargo. Tampoco concreta el calendario exacto de implantación, lo que deja la puerta abierta a que la sustitución se produzca sin plazos claros para el ciudadano. Además, la instalación de contadores inteligentes implica la recogida automatizada de datos de consumo diario, un aspecto que afecta a la privacidad y que el documento no regula en detalle. El lector debe vigilar: si le cobrarán el nuevo contador, cuándo se lo instalarán, qué datos se recogen y con qué frecuencia, y si podrá oponerse o no. También debe prestar atención a la posibilidad de cortes remotos del suministro que estos equipos permiten.

La Orden TED/1122/2026 aprueba el plan de implantación de contadores inteligentes en la red de gas natural y establece las especificaciones mínimas que deben cumplir estos equipos. Los contadores inteligentes se diferencian de los analógicos en que incorporan comunicación bidireccional con el distribuidor, lectura remota y automatizada del consumo diario, lo que elimina la necesidad de estimaciones y facilita una gestión más eficiente del suministro. Además, incluyen funcionalidades como la emisión de alarmas por manipulación o funcionamiento anómalo, la posibilidad de realizar cortes remotos del suministro y el acceso del consumidor a sus datos diarios de consumo a través de plataformas digitales. La norma se dicta en cumplimiento de la Directiva 2009/73/CE, que obliga a los Estados miembros a garantizar el uso de sistemas de contador inteligente para fomentar la participación activa de los consumidores en el mercado del gas.

Afecta a los ciudadanos con contador de gas natural de caudal máximo igual o inferior a 25 m3/h, que verán sustituido su contador por uno inteligente. También afecta a las empresas distribuidoras de gas natural, que deberán encargarse de la implantación y cumplir las especificaciones mínimas. Los comercializadores se beneficiarán de una gestión más eficiente, y los consumidores domésticos y comerciales tendrán acceso a sus datos diarios de consumo. El texto no especifica el coste para el usuario ni el calendario exacto de sustitución.

El cambio principal es la sustitución de los contadores convencionales por contadores inteligentes con comunicación bidireccional, lectura remota y automatizada del consumo diario. Esto permitirá aumentar la frecuencia de las lecturas y eliminar las estimaciones. Los nuevos equipos incluyen alarmas para detectar manipulación o funcionamiento anómalo, y permiten cortes remotos del suministro. El consumidor podrá acceder a sus datos diarios de consumo a través de plataformas digitales, lo que incentiva el ahorro energético. La norma no concreta el coste de la sustitución ni el calendario exacto; solo se refiere al plan de implantación. El documento cita el análisis coste-beneficio de la CNMC de 2021, que daba un resultado positivo de 14 millones de euros para el escenario de sustituir solo los contadores con más de veinte años en ocho años, y negativo de 30 millones para la sustitución generalizada de todos los de caudal máximo igual o inferior a 25 m3/h.

La Orden TED/1122/2026 no especifica en el texto proporcionado la fecha de entrada en vigor ni plazos concretos de sustitución. El documento menciona que la Orden ICT/155/2020 fija en veinte años la vida útil de estos contadores y un plazo máximo de ocho años para sustituirlos, ampliado a trece años por la Orden ITU/1475/2024. Para conocer las fechas exactas de aplicación, habrá que estar al texto completo de la orden y a su publicación en el BOE.

El titular no menciona que la implantación de contadores inteligentes conlleva la recogida automatizada de datos de consumo diario, lo que plantea cuestiones de privacidad y protección de datos. Tampoco advierte de que estos equipos permiten cortes remotos del suministro, una funcionalidad que podría afectar a los derechos de los consumidores. Además, el texto no aclara quién asumirá el coste de la sustitución: si será el usuario, el distribuidor o se repercutirá en la tarifa. La norma se apoya en un análisis coste-beneficio de la CNMC de 2021, pero no detalla cómo se actualizará ni si las condiciones económicas actuales (precios del gas y derechos de emisión) modifican las conclusiones. Finalmente, aunque se cita la Directiva 2009/73/CE, esta fue derogada por la Directiva (UE) 2024/1788, un detalle que el documento no menciona.