Nombran nueva Jefa contra Violencia de Género en Tenerife

Esta resolución formaliza el nombramiento de un puesto de trabajo en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, concretamente el de Jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer. El puesto, con código 5038089, tiene categoría de nivel 26 dentro de la escala administrativa.

La funcionaria seleccionada procede del Ministerio del Interior, donde trabajaba en el Centro de Inserción Social Mercedes Pinto en Santa Cruz de Tenerife con nivel 24. Se trata de una promoción dentro de la administración pública que implica un ascenso de dos niveles administrativos. El procedimiento utilizado ha sido el de libre designación, un mecanismo legal que permite cubrir determinados puestos mediante nombramiento directo entre funcionarios que cumplan los requisitos establecidos.

Directamente, esta resolución afecta únicamente a Raquel Candelaria Méndez Lorenzo, funcionaria del cuerpo A0902 (Instituciones Penitenciarias) del grupo A1, quien ocupará el nuevo puesto. También afecta a la persona que ocupaba anteriormente el cargo o a los candidatos que pudieran haber optado al mismo.

Indirectamente, puede tener relevancia para las víctimas de violencia de género en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ya que este puesto es responsable de coordinar las políticas y recursos contra la violencia sobre la mujer en el ámbito provincial. Las organizaciones y entidades que trabajan en este campo en Tenerife tendrán en esta funcionaria su interlocutora gubernamental.

El cambio principal es el nombramiento de una nueva responsable para la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Tenerife. Esta unidad es la encargada de coordinar las actuaciones del Gobierno en materia de violencia de género a nivel provincial, servir de enlace con las víctimas y los servicios de atención, y colaborar con fuerzas de seguridad y administración de justicia.

La funcionaria nombrada pasa de un nivel 24 a un nivel 26, lo que supone una mejora retributiva y de responsabilidad. El procedimiento de libre designación permite que la Administración seleccione directamente a la persona que considera más adecuada entre los funcionarios que cumplen los requisitos, sin necesidad de realizar un concurso de méritos abierto. Este sistema se utiliza para puestos de especial responsabilidad o confianza donde se valora especialmente la capacidad de coordinación y liderazgo.

La resolución se publica el 25 de marzo de 2026 y resuelve parcialmente una convocatoria que se realizó el 23 de enero de 2026 (publicada en el BOE el 2 de febrero de 2026). La toma de posesión del nuevo puesto debe realizarse conforme al artículo 48 del Real Decreto 364/1995, que establece un plazo de tres días hábiles desde la publicación de la resolución para quienes ya estén prestando servicios en la misma localidad, o de un mes para quienes deban cambiar de residencia.

Quienes deseen impugnar esta resolución tienen un plazo de un mes desde su publicación para interponer recurso de reposición ante el mismo órgano, o dos meses para presentar recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de su comunidad autónoma de residencia. La resolución pone fin a la vía administrativa.

Aunque el título habla de resolver "parcialmente" la convocatoria, en el anexo publicado solo aparece un puesto cubierto. Esto significa que la convocatoria original de enero incluía varios puestos y que el resto quedan pendientes de resolución en futuras publicaciones.

El sistema de libre designación es menos conocido que las oposiciones tradicionales. A diferencia del concurso de méritos, donde se puntúan objetivamente los méritos de los candidatos, en la libre designación la autoridad competente elige discrecionalmente entre los funcionarios que cumplen los requisitos mínimos. Este procedimiento se reserva para puestos de especial responsabilidad, confianza o asesoramiento, y está regulado en el artículo 20.1.c de la Ley 30/1984.

Además, el puesto específico que se cubre tiene una importancia especial por estar dedicado a la lucha contra la violencia de género, una de las prioridades de las políticas públicas en España. La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer es fundamental para coordinar la atención a las víctimas y la aplicación de medidas de protección en el ámbito provincial.