Defensa y el CSN firman convenio ante emergencias nucleares

Este convenio establece protocolos de colaboración entre la UME (Unidad Militar de Emergencias) y el Consejo de Seguridad Nuclear para gestionar emergencias nucleares y radiológicas. Define procedimientos conjuntos de planificación, preparación y respuesta ante accidentes graves en centrales nucleares, incidentes con materiales radiológicos o ataques terroristas que impliquen riesgo nuclear. Ambas instituciones coordinarán recursos técnicos y humanos para proteger a la población.

Afecta principalmente a los 7 millones de ciudadanos que viven en zonas cercanas a las centrales nucleares españolas (Almaraz, Ascó, Cofrentes, Trillo y Vandellós II). También impacta a personal de protección civil, servicios de emergencias, trabajadores de instalaciones nucleares y radiológicas, y población cercana a hospitales con equipos de radioterapia, centros de investigación con fuentes radiactivas o instalaciones militares con material nuclear.

Antes no existía un protocolo formal de colaboración entre Defensa y el CSN para emergencias nucleares. Ahora se establecen canales oficiales de comunicación, procedimientos de actuación conjunta y coordinación de medios técnicos y humanos. La UME, con sus 4.000 efectivos especializados, podrá intervenir de forma reglada siguiendo directrices técnicas del CSN. Se unifica la respuesta ante incidentes que antes podían gestionarse de forma fragmentada entre organismos.

El convenio se firmó el 24 de marzo de 2026 y se publica oficialmente el 30 de marzo de 2026. Entra en vigor desde su firma, sin periodo transitorio. No establece fecha de finalización concreta, por lo que permanecerá vigente mientras ambas partes no decidan modificarlo o revocarlo. Los protocolos operativos específicos se desarrollarán en los meses siguientes mediante acuerdos técnicos entre la UME y el CSN.

El convenio no crea nuevas instalaciones ni modifica la seguridad de las centrales nucleares existentes, solo mejora la coordinación para emergencias. España mantiene 7 reactores nucleares activos que generan el 20% de la electricidad nacional. El acuerdo responde a recomendaciones internacionales tras accidentes como Fukushima (2011), que evidenciaron la necesidad de mejor coordinación entre organismos civiles y militares ante crisis nucleares de gran magnitud.