Subida salarial lácteas 2025-2026: tablas definitivas y IPC

Este documento esconde varios detalles importantes que afectan directamente a tu bolsillo. Primero, se aprueba en abril de 2026 la subida salarial de 2025: esto significa que muchos trabajadores han estado cobrando durante más de un año (todo 2025 y parte de 2026) según tablas provisionales, y sólo ahora se confirman las definitivas. Si las provisionales eran inferiores, deberían abonarte la diferencia retroactivamente, pero el documento no menciona cómo ni cuándo se hará ese ajuste. Segundo, las tablas de 2026 son provisionales: tu salario real de este año no está garantizado hasta que se publique el IPC real de 2026, probablemente en febrero de 2027. Esto crea incertidumbre sobre tu poder adquisitivo. Tercero, la subida del 2,9% sólo compensa la inflación oficial (IPC), no supone mejora real del salario; si los precios de productos básicos subieron más que el IPC medio, pierdes poder de compra. Cuarto, el documento no incluye las tablas salariales completas en el texto publicado, sólo dice que están en un anexo III, dificultando que el trabajador verifique exactamente cuánto debería cobrar sin acceder al convenio completo. Debes vigilar que tu empresa aplique correctamente el retroactivo de 2025 y las provisionales de 2026.

Esta resolución oficializa el acuerdo alcanzado entre los sindicatos CC.OO. y UGT y la Federación Estatal de Industrias Lácteas sobre los salarios que deben cobrar los trabajadores del sector lácteo. Concretamente, establece dos tipos de tablas salariales: las definitivas para 2025 y las provisionales para 2026.

Para 2025, se confirma una subida salarial del 2,9%, cifra que coincide con el IPC real registrado ese año. Esto significa que los salarios base de todos los trabajadores del sector se incrementan en ese porcentaje sobre las cantidades de 2024. Para 2026, se aprueban tablas provisionales que serán revisadas cuando se conozca el IPC real de 2026, probablemente a principios de 2027.

El documento registra oficialmente este acuerdo en el Registro de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y ordena su publicación en el BOE para que tenga validez legal en todo el territorio español. Las tablas salariales concretas aparecen como anexo III del convenio colectivo estatal de industrias lácteas, que tiene vigencia desde 2025 hasta 2028.

Esta norma afecta directamente a todos los trabajadores y trabajadoras empleados en empresas del sector de industrias lácteas y derivados en España que estén cubiertos por el convenio colectivo estatal (código 99003175011981). Esto incluye personal de fábricas de leche, yogures, quesos, mantequilla, nata, postres lácteos y cualquier producto derivado de la leche.

También afecta a las empresas del sector lácteo, que están obligadas a aplicar estos salarios mínimos a sus plantillas. Según el convenio, tanto grandes industrias como pequeñas y medianas empresas del sector deben respetar estas tablas salariales como mínimos obligatorios, pudiendo mejorarlas pero nunca rebajarlas.

Los representantes legales de los trabajadores (delegados sindicales, comités de empresa) también se ven afectados, ya que son responsables de vigilar que las empresas apliquen correctamente estas tablas. Indirectamente, afecta a las familias de estos trabajadores, cuyo poder adquisitivo depende de que estas subidas salariales se apliquen correcta y puntualmente.

El cambio principal es la confirmación oficial de un incremento salarial del 2,9% para 2025 sobre los salarios de 2024. Aunque el documento no detalla las cifras exactas de las categorías profesionales, este porcentaje se aplica a todas las tablas salariales del sector. Por ejemplo, si un trabajador cobraba 1.500 euros mensuales en 2024, con esta subida pasaría a 1.543,50 euros en 2025.

Para 2026, se establecen tablas provisionales cuyo porcentaje de incremento no se especifica en este documento, pero que seguirán el mismo mecanismo: se ajustarán al IPC cuando se conozca la cifra oficial. Esto significa que los trabajadores cobrarán en 2026 según unas tablas que podrían modificarse en 2027 cuando se conozca el dato real de inflación.

Un cambio práctico importante es que las empresas deben actualizar las nóminas para reflejar estos nuevos importes. Si durante 2025 y parte de 2026 han estado aplicando las tablas provisionales con un porcentaje inferior al 2,9%, deberán abonar la diferencia retroactivamente a los trabajadores. Las nuevas tablas también servirán de base para calcular pagas extras, pluses, complementos salariales y cualquier concepto que se calcule como porcentaje del salario base.

El acta fue firmada por la Comisión Paritaria el 24 de febrero de 2026, y la resolución de la Dirección General de Trabajo lleva fecha de 10 de abril de 2026. Las tablas salariales definitivas de 2025 tienen efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, lo que significa que cualquier diferencia entre lo cobrado provisionalmente y lo definitivo debe abonarse con carácter retroactivo.

Las tablas provisionales de 2026 entran en vigor desde su publicación en el BOE (el documento indica que el convenio se publicó el 18 de marzo de 2026), aunque tendrán carácter provisional hasta que se conozca el IPC real de 2026, probablemente en enero o febrero de 2027, momento en que se aprobarán las tablas definitivas de 2026.

Los trabajadores deberían revisar sus nóminas de 2025 y los primeros meses de 2026 para comprobar que se han aplicado correctamente estos incrementos. Si detectan diferencias, tienen un plazo de un año desde que conocieron el error (o deberían haberlo conocido) para reclamar las cantidades no abonadas, según la prescripción laboral establecida en el Estatuto de los Trabajadores.

Lo que el titular no menciona es que esta publicación llega con retraso significativo: se aprueban en abril de 2026 los salarios definitivos de 2025, cuando los trabajadores llevan más de cuatro meses de 2026 cobrando según tablas que aún no estaban confirmadas. Esto genera incertidumbre y posibles problemas de liquidez para quienes esperaban un ajuste retroactivo.

Tampoco se menciona que el documento publicado en el BOE no incluye las cifras concretas de las tablas salariales, sólo indica que están en el anexo III del convenio. Esto obliga a los trabajadores a buscar el convenio completo en el registro de convenios del Ministerio para conocer exactamente cuánto deberían cobrar según su categoría profesional, dificultando la transparencia.

Otro aspecto que pasa desapercibido es que el incremento del 2,9% sólo mantiene el poder adquisitivo respecto a la inflación oficial (IPC general), pero no compensa si determinados gastos básicos (alimentación, vivienda, energía) subieron por encima de esa media. Además, no se especifica el mecanismo concreto ni el plazo para abonar las diferencias retroactivas de 2025, lo que podría generar conflictos entre empresas y trabajadores sobre cómo y cuándo debe pagarse ese ajuste. Finalmente, el carácter provisional de las tablas 2026 significa que durante todo este año los trabajadores no conocerán con certeza su salario definitivo.