Destituyen a funcionario por delitos de corrupción
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA · BOE-A-2026-9101
Un funcionario local (secretario-interventor) pierde definitivamente su puesto tras ser condenado por delitos de corrupción: prevaricación, falsedad contable y malversación de fondos públicos. La orden ejecuta una sentencia firme de febrero de 2020 que le impuso una inhabilitación absoluta de 6 años.
¿Qué establece?
Esta orden declara la pérdida definitiva de la condición de funcionario público de José María Sánchez Picazo. La sentencia judicial de 2020 le condenó a 2 años de prisión (suspendida) e inhabilitación absoluta de 6 años por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo como secretario-interventor municipal. Según la ley, una condena de inhabilitación absoluta comporta automáticamente la pérdida permanente del cargo público, sin posibilidad de volver a ejercerlo.
¿A quién afecta?
Afecta únicamente a José María Sánchez Picazo, un empleado público local que ocupaba el puesto de secretario-interventor (responsable de administración y control presupuestario en ayuntamientos). No tiene efectos generales sobre otros funcionarios ni sobre política pública alguna. Es una decisión administrativa individual que ejecuta una sentencia penal firme.
Fechas importantes
La sentencia condenatoria se dictó el 24 de febrero de 2020. La inhabilitación comenzó a cumplirse el 10 de julio de 2020 y estaba previsto que terminara el 8 de julio de 2026. Esta orden de marzo de 2026 formaliza la pérdida definitiva del cargo una vez completado el periodo de inhabilitación establecido por el tribunal.
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