España se compromete en seguridad de barcos pesqueros

Este documento vincula a España a normativas técnicas complejas sin que muchos ciudadanos conozcan sus implicaciones. Los armadores pesqueros de barcos grandes (24+ metros) tendrán costes adicionales de cumplimiento: inspecciones anuales obligatorias, certificaciones técnicas y reformas de seguridad en sus embarcaciones. El acuerdo permite que barcos pesqueros de terceros países faenen en aguas españolas si cumplen estas normas, lo que puede afectar competitivamente a la pesca española. Las excepciones mencionadas (exenciones de reconocimientos anuales) se eliminan para buques españoles, imponiendo cargas más estrictas que a otros países. Los trabajadores del sector pesquero quedan protegidos por mejores estándares de seguridad, pero los costes pueden repercutir en empleo y precios del pescado.

España se adhiere al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, que implementa el Protocolo de Torremolinos de 1993 sobre seguridad de buques pesqueros. Este tratado internacional obliga a inspeccionar y certificar todos los barcos pesqueros españoles de 24 metros o más de largo, verificando que cumplan normas técnicas de seguridad, estabilidad, equipos de salvamento y prevención de incendios. También se aplicarán estas normas a barcos pesqueros extranjeros que operen en aguas españolas o descarguen en puertos españoles. La Directiva Europea 97/70/CE ya exigía esto en la UE, pero ahora se extiende mediante este acuerdo internacional a terceros países.

Principalmente a armadores y empresas pesqueras con barcos de más de 24 metros de eslora: deberán pasar inspecciones anuales, obtener certificados de seguridad y realizar inversiones en equipamiento. Afecta a marineros y trabajadores del sector pesquero, quienes se benefician de mejores condiciones de seguridad en la mar. Indirectamente afecta a consumidores: los costes de cumplimiento pueden aumentar el precio del pescado. También afecta a puertos españoles, que deberán inspeccionar barcos pesqueros extranjeros. No afecta directamente a ciudadanos ajenos al sector pesquero.

El Protocolo original de Torremolinos se firmó en 1977. El Acuerdo de Ciudad del Cabo se hizo el 11 de octubre de 2012. Las Cortes Generales autorizaron la adhesión española conforme al artículo 94.1 de la Constitución. Este instrumento de adhesión entra en vigor cuando España lo deposita, vinculando a todas sus autoridades (puertos, administración marítima) a partir de ese momento. Las inspecciones anuales y certificaciones comenzarán a aplicarse de manera inmediata a nuevos buques; los existentes tendrán períodos de transición según la legislación europea.