Real Decreto 737/2026: cotizaciones de ministros de culto

Un real decreto puede parecer un simple ajuste técnico, pero aquí se reconocen como cotizados años de actividad religiosa que nunca se pagaron a la Seguridad Social. El texto afecta a derechos de jubilación: si un ministro de culto evangélico o adventista no tiene suficiente cotización, estos periodos previos le permitirán alcanzar la carencia necesaria. La alerta de 'beneficio sectorial encubierto' tiene sentido porque se beneficia a un colectivo concreto (ministros de culto de FEREDE y de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día) sin que se detallen importes, número de beneficiarios ni coste para el sistema. El lector debe vigilar: 1) ¿Se exige alguna prueba de que realmente se ejerció como ministro de culto? 2) ¿Quién paga esas cotizaciones reconocidas, el interesado o el Estado? 3) ¿Puede alguien reclamar periodos sin haber cotizado nunca? 4) ¿Se limita a la pensión de jubilación o afecta a otras prestaciones? El texto no aclara estos extremos en los primeros 3000 caracteres, por lo que conviene leer el articulado completo antes de dar por hecho que es una simple actualización.

El Real Decreto 737/2026 tiene como objetivo permitir que los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) puedan computar como cotizados los periodos en que ejercieron su actividad antes del 1 de mayo de 1999, fecha en que quedaron integrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Hasta ahora, esa posibilidad no existía o estaba limitada, lo que impedía a muchos de ellos reunir los años necesarios para acceder a una pensión de jubilación. La norma también extiende este reconocimiento a los ministros de culto de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día, que se integraron en el Régimen General el 1 de mayo de 1987.

La regulación se aprueba después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 3 de abril de 2012, declarara que la falta de previsión normativa para reconocer esos periodos anteriores constituía una discriminación por motivos religiosos, vulnerando el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Posteriormente, el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de noviembre de 2017, anuló la disposición adicional segunda del Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, que había intentado regular la materia. Este nuevo real decreto viene a sustituir aquel marco anulado.

Además, el texto adapta otras normas relacionadas, como el Real Decreto 487/1998, de 27 de marzo, y el Real Decreto 2665/1998, de 11 de diciembre, para que el reconocimiento de periodos sea efectivo. En la parte dispositiva que se ha hecho pública, no se especifican importes económicos, número de beneficiarios ni el coste estimado para la Seguridad Social.

Afecta exclusivamente a los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y a los de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día. Son los únicos colectivos mencionados en el texto. No afecta a ministros de otras confesiones religiosas, como la Iglesia católica, que tienen su propio régimen, ni a trabajadores por cuenta ajena o autónomos en general.

En la práctica, los beneficiarios son personas que ejercieron como pastores o ministros de culto evangélicos antes de 1999 (o antes de 1987 para los adventistas) y que, o bien no pudieron cotizar entonces, o no alcanzaron la carencia mínima para jubilarse. El documento no especifica cuántas personas podrían acogerse ni si hay límites de edad o plazos para solicitarlo.

El cambio principal es que los periodos de actividad como ministro de culto anteriores a la integración en el Régimen General se podrán reconocer como cotizados. Para FEREDE, la integración fue el 1 de mayo de 1999; para los adventistas, el 1 de mayo de 1987. Por tanto, un pastor evangélico que ejerció, por ejemplo, entre 1980 y 1999 podrá sumar esos 19 años a su vida laboral para la pensión, siempre que cumpla los requisitos que fije la norma.

El texto no indica si el reconocimiento exige el pago de cotizaciones retroactivas por parte del interesado, si se limita a la pensión de jubilación o si se extiende a incapacidad, viudedad u otras prestaciones. Tampoco concreta si se abonarán intereses ni qué documento probatorio hará falta. La adaptación de los reales decretos 487/1998 y 2665/1998 sugiere que se modifican trámites para hacer efectivo el reconocimiento, pero el contenido completo no se detalla en el extracto publicado.

Las fechas clave que aparecen en el texto son: 1 de mayo de 1999, fecha de integración en el Régimen General de los ministros de culto de FEREDE (Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo); y 1 de mayo de 1987, fecha de integración de los ministros de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día (Orden de 2 de marzo de 1987). También se mencionan la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de abril de 2012 y la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2017. El documento no especifica la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 737/2026 en el extracto analizado, ni plazos para solicitar el reconocimiento. Habitualmente estas normas entran en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, pero este dato no se ha podido confirmar con el texto disponible.

El titular oficial es largo y técnico, pero esconde varias cuestiones relevantes. Primero: no se dice cuánto costará a la Seguridad Social este reconocimiento de cotizaciones. Segundo: no se aclara si los beneficiarios tendrán que pagar ellas mismas las cotizaciones atrasadas o si se convalidan sin pago. Tercero: no se especifica si el reconocimiento se limita a quienes ya están cerca de la jubilación o si es universal para cualquier ministro de culto de esos colectivos. Cuarto: no se menciona si hay un plazo de solicitud ni qué documentación hay que aportar para demostrar los años trabajados. Quinto: no se detalla si este reconocimiento afecta al cálculo de la pensión (por ejemplo, si se aplican las bases de cotización mínimas o las reales). Por último, la norma adapta otros dos reales decretos (487/1998 y 2665/1998) que regulan la inclusión en la Seguridad Social de estos colectivos, pero no se explica qué cambios concretos se introducen en ellos. Todo esto queda pendiente de leer el texto articulado completo, que no se ha facilitado en el extracto.