Actualizan estándares de competencias profesionales

Esta norma modifica el contenido de los estándares de competencias profesionales que sirven para diseñar cursos, títulos y procesos de acreditación de la experiencia laboral en once sectores productivos. Aunque el lenguaje es muy técnico, lo que está en juego es qué se considera oficialmente 'competente' en cada oficio: eso determina qué formación se financia, qué certificados se obtienen y qué perfiles profesionales se reconocen. El riesgo es que los cambios en los estándares afecten a la validez de acreditaciones ya obtenidas, a la programación de cursos o a los requisitos exigidos en ofertas de empleo y licitaciones. Como la norma se remite a anexos que no se reproducen aquí y no concreta cifras, plazos ni número de estándares, conviene vigilar: 1) si su sector o titulación está entre los afectados; 2) si la actualización deja sin efecto parte de los anexos anteriores; 3) si hay un periodo para adaptar la formación ya en curso. Derechos afectados: acceso y reconocimiento de competencias profesionales, validez de certificados y expectativas de formación.

La orden actualiza determinados estándares de competencias profesionales incluidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Según el texto, estos estándares son la unidad o elemento de referencia para diseñar, desarrollar y actualizar las ofertas de formación profesional, y equivalen a la unidad de competencia de las cualificaciones profesionales. La actualización se materializa mediante nuevos anexos que dejan sin efecto la parte de los anexos originales afectada, conforme a la disposición adicional primera del Real Decreto 69/2025, de 4 de febrero, y a la disposición transitoria única del Real Decreto 532/2025, de 24 de junio. El documento no especifica el número de estándares modificados, ni importes, ni plazos concretos.

Afecta a las personas que cursan o quieren acreditar competencias profesionales en las familias Agraria; Artes Gráficas; Artes y Artesanías; Energía y Agua; Edificación y Obra Civil; Fabricación Mecánica; Industrias Alimentarias; Madera, Mueble y Corcho; Química; Textil, Confección y Piel; y Vidrio y Cerámica. También a centros de formación profesional, empresas de esos sectores, servicios públicos de empleo y entidades que expiden certificados de profesionalidad o reconocen la experiencia laboral. No se mencionan otras afectaciones concretas ni cuantificaciones.

El texto cita la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, y los Reales Decretos 69/2025, de 4 de febrero, y 532/2025, de 24 de junio, pero no indica fecha de entrada en vigor ni plazos específicos de adaptación en el fragmento disponible. El documento no especifica plazos ni fechas de aplicación.