Convenio datos públicos: Ministerio y CSIC (2026)

Este documento publica oficialmente un convenio firmado entre el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para poner en marcha el proyecto denominado 'Gestión de la Demanda del Dato Público'. El acuerdo forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España está implementando con los fondos europeos Next Generation EU.

La firma del convenio se produjo el 16 de diciembre de 2025 por parte de Ruth del Campo Becares, Directora General del Dato, y Carlos Closa Montero, Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC. El proyecto cuenta con un límite presupuestario de 1.200.000 euros (sin incluir impuestos) según las competencias delegadas en la Dirección General del Dato.

El objetivo principal es crear un sistema más eficiente para gestionar cómo se solicitan y proporcionan los datos públicos en España, facilitando el acceso a información de las administraciones tanto para investigadores como para empresas y ciudadanos interesados en estos datos.

Este convenio afecta principalmente a tres grupos: investigadores y centros de investigación que necesitan acceder a datos públicos para sus estudios, empresas que desarrollan productos o servicios basados en información pública (desde startups tecnológicas hasta consultoras de datos), y desarrolladores que crean aplicaciones con datos abiertos del sector público.

Indirectamente, el proyecto beneficiará a toda la ciudadanía, ya que busca mejorar la transparencia y el acceso a la información pública. Si el sistema funciona adecuadamente, cualquier persona podrá consultar más fácilmente datos sobre sanidad, educación, movilidad, medio ambiente o cualquier otro ámbito gestionado por las administraciones públicas.

También afecta a las propias administraciones públicas, que tendrán que coordinar mejor sus sistemas de datos y responder de forma más organizada a las solicitudes de información. El CSIC, como organismo público de investigación más grande de España, actuará como socio técnico en el desarrollo de esta infraestructura.

El cambio fundamental es la creación de un sistema centralizado para gestionar las peticiones de datos públicos. Hasta ahora, solicitar datos a diferentes administraciones puede resultar complejo, con procedimientos distintos en cada organismo. Este proyecto pretende estandarizar y simplificar ese proceso.

En términos prácticos, se desarrollará una plataforma o metodología común donde los interesados puedan saber qué datos públicos existen, cómo solicitarlos y en qué formato recibirlos. Esto evitará duplicidades, reducirá los tiempos de espera y garantizará que los datos se entreguen en formatos reutilizables y compatibles con herramientas tecnológicas actuales.

El proyecto se financia íntegramente con fondos europeos Next Generation EU, lo que significa que no supone un coste adicional para los contribuyentes españoles más allá de lo ya comprometido en el Plan de Recuperación. La inversión de hasta 1.200.000 euros se destinará a desarrollar la infraestructura técnica, formar al personal necesario y establecer los protocolos de funcionamiento que después deberán aplicar las distintas administraciones.

El convenio se firmó el 16 de diciembre de 2025 y se publica oficialmente en el BOE el 24 de marzo de 2026. Aunque el documento no especifica una fecha de finalización concreta, al estar vinculado a los fondos Next Generation EU, el proyecto debe completarse dentro de los plazos establecidos por la Unión Europea para este programa de recuperación.

Los fondos Next Generation EU tienen como fecha límite general el 31 de agosto de 2026 para la ejecución de proyectos financiados. Esto significa que el proyecto 'Gestión de la Demanda del Dato Público' deberá estar operativo o al menos completar sus principales hitos antes de ese plazo para cumplir con los requisitos europeos de justificación del gasto.

No se establecen plazos específicos para que los ciudadanos o empresas puedan empezar a utilizar el nuevo sistema de gestión de datos públicos, aunque es previsible que la implementación práctica requiera varios meses adicionales después del desarrollo inicial del proyecto.

Un detalle importante que no aparece de forma destacada es que este convenio tiene un límite económico concreto: 1.200.000 euros sin impuestos. Esta cifra representa el máximo presupuesto que la Directora General del Dato tiene delegado para firmar convenios sin necesitar autorización superior, según la Orden TDF/469/2024.

Otro aspecto relevante es que el proyecto no crea obligaciones inmediatas para ciudadanos o empresas. Se trata de una infraestructura que desarrollarán las administraciones públicas, pero que en el futuro facilitará el acceso a información pública. No hay que realizar ningún trámite ni inscripción para beneficiarse de sus resultados cuando esté operativo.

También es significativo que el CSIC, como organismo público de investigación, aporte su experiencia técnica y científica en gestión de grandes volúmenes de datos. Esto indica que el proyecto no se limita a crear una ventanilla administrativa, sino que busca implementar soluciones tecnológicamente avanzadas basadas en la investigación aplicada. Además, al tratarse de fondos europeos, el proyecto deberá cumplir con rigurosos controles de ejecución y justificación de gastos que garantizan la transparencia del uso de estos recursos públicos.