El Supremo anula parte de la oferta de empleo público 2023
TRIBUNAL SUPREMO · BOE-A-2026-4973
El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobó una oferta de empleo público extraordinaria para estabilizar trabajadores temporales en la Administración General del Estado. La sentencia anula determinados aspectos del decreto mientras mantiene válido el resto, lo que puede afectar a miles de aspirantes que participaron en estos procesos selectivos iniciados en 2024.
¿Qué establece esta norma?
Esta sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 10 de diciembre de 2025, revisa el Real Decreto 1227/2023 que regulaba una convocatoria extraordinaria de empleo público. Este decreto formaba parte de la llamada 'tasa adicional de estabilización', un mecanismo previsto en el Real Decreto-ley 5/2023 para convertir en fijos a trabajadores temporales de la Administración.
El Tribunal ha decidido anular parcialmente el decreto, declarando nulos algunos de sus artículos o apartados concretos, mientras que desestima el resto de alegaciones presentadas por los recurrentes. Esto significa que parte de las reglas con las que se convocaron estas plazas eran ilegales y deben eliminarse del ordenamiento jurídico.
La sentencia no anula toda la convocatoria, sino aspectos específicos que el Tribunal considera contrarios a derecho. El resto del Real Decreto mantiene su validez y los procesos selectivos iniciados bajo sus normas continúan vigentes en lo que no haya sido anulado.
¿A quién afecta?
Esta resolución afecta directamente a los opositores y trabajadores temporales que participaron en las convocatorias de estabilización de empleo público de 2024 en la Administración General del Estado. También impacta a quienes fueron excluidos de estos procesos selectivos por los criterios ahora anulados.
Los funcionarios interinos, personal laboral temporal y aspirantes a plazas de diferentes ministerios y organismos públicos estatales pueden ver modificada su situación. Dependiendo de qué artículos concretos hayan sido anulados, algunas personas podrían tener derecho a impugnar su exclusión o reclamar su participación en procesos de los que quedaron fuera.
También afecta a las administraciones públicas convocantes, que deberán revisar los procedimientos en curso y, en su caso, subsanar las irregularidades detectadas por el Tribunal Supremo, pudiendo necesitar abrir nuevos plazos o recalcular méritos según las normas ahora vigentes.
¿Qué cambia exactamente?
Los cambios concretos dependen de qué artículos específicos del Real Decreto 1227/2023 haya anulado el Tribunal. Aunque el documento disponible no detalla textualmente cada artículo anulado, la estimación parcial significa que ciertos requisitos, baremos de méritos o procedimientos establecidos en el decreto original desaparecen del ordenamiento jurídico.
En la práctica, esto puede significar que algunos criterios de valoración de candidatos eran ilegales, que ciertos plazos estaban mal establecidos, o que determinados requisitos de acceso vulneraban principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Las convocatorias basadas exclusivamente en las partes anuladas podrían requerir repetirse.
Para los aspirantes, el cambio fundamental es que pueden recurrir decisiones administrativas que se basaron en los artículos ahora anulados. Quienes fueron excluidos o penalizados por normas declaradas nulas tienen derecho a solicitar la revisión de su situación. Las administraciones deberán publicar instrucciones sobre cómo aplicar la sentencia a los procesos en curso.
Fechas y plazos importantes
La sentencia fue dictada el 10 de diciembre de 2025 y producirá efectos desde su publicación en el BOE, que ha ocurrido recientemente. A partir de esta fecha, los artículos anulados dejan de tener validez jurídica inmediatamente.
Los afectados que consideren vulnerados sus derechos por las partes anuladas del decreto disponen de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante los tribunales correspondientes, o solicitar la revisión de actos administrativos firmes si se basaron en normas ahora declaradas nulas.
Las administraciones públicas convocantes deberán adaptar sus procesos selectivos en curso en un plazo razonable, aunque la sentencia no establece uno específico. Es previsible que los ministerios y organismos afectados publiquen resoluciones aclaratorias en las próximas semanas indicando cómo se aplicará la sentencia a cada convocatoria concreta iniciada bajo el Real Decreto 1227/2023.
Lo que no dice el titular
Lo más importante que no aparece en los titulares es que la anulación es parcial, no total. Muchas personas pueden interpretar que toda la convocatoria queda sin efecto, pero la realidad es que sólo determinados artículos han sido declarados nulos, mientras el grueso del Real Decreto mantiene su validez.
Otro aspecto relevante es que esta sentencia afecta únicamente a la 'tasa adicional de estabilización' regulada en el Real Decreto 1227/2023, no a otras convocatorias de empleo público ordinarias ni a procesos de estabilización anteriores regulados por otras normas. Es un proceso específico dentro del amplio marco de consolidación de empleo temporal en las administraciones.
Finalmente, aunque la sentencia es del Tribunal Supremo y por tanto vinculante, queda la posibilidad de que la Administración o las partes recurrentes interpongan recurso de aclaración o incluso, en casos excepcionales, planteen cuestión ante el Tribunal Constitucional si consideran vulnerados derechos fundamentales. El proceso judicial podría no estar completamente cerrado.
Crea tu cuenta gratis para guardar documentos, recibir un briefing personalizado con lo que te afecta y consultar ~15M de registros oficiales en español.
También puedes buscar en más de 90.000 documentos del BOE desde enero 2025.